Los médicos apoyan una huelga general en Sanidad contra los recortes

El calibre de los recortes que pretende imponer el Consell para ajustarse a las exigencias de austeridad que proceden del Gobierno central ha desatado duras críticas de los sindicatos de los empleados públicos, pero también ha provocado una enérgica reacción de los profesionales afectados, en primer lugar, los médicos y los abogados.

La asamblea del Colegio de Médicos de Valencia decidió ayer por abrumadora mayoría instar a los sindicatos la convocatoria de una huelga general en el conjunto de la Sanidad pública si el Consell no retira el decreto de recortes.

"La gente está francamente alterada", explicó la presidenta de la institución, Rosa Fuster. No corresponde al colegio convocar la huelga, pero sí invitar a todos los sindicatos a plantear ante los órganos correspondientes las medidas de protesta.

La decisión de la asamblea, adoptada por práctica unanimidad, se trasladará tanto a la Consejería de Sanidad como a los representantes sindicales de los facultativos.

"No se puede pedir a los médicos que soporten el grueso del recorte", explicó Fuster, "cuando los políticos de uno y otro signo, que son los responsables de la situación actual, no mueven un dedo".

Los médicos expresaron su malestar por el calibre de los recortes salariales que prevé el decreto y por los compromisos que violenta la imposición de la Generalitat, como la carrera profesional.

"Es insostenible que un analista tenga que asumir un recorte de 20.000 euros mientras que los primeros que deberían dar ejemplo no están adoptando ninguna medida", sentenció Fuster. Los médicos ya han sugerido que los políticos harían bien en suprimir asesores y cargos de confianza para demostrar su vocación de arrimar el hombro ante las graves tensiones de tesorería que sufren las arcas de la Generalitat.

El recorte de mil millones de euros que planteó el Consell el pasado 4 de enero carga la mitad del tijeretazo sobre la Sanidad pública.

El decreto aprobado por las Cortes no incorpora las 300 medidas adicionales que tiene previsto introducir el Consell para ajustar los gastos de la Sanidad pública, muchas de las cuales prevén la "racionalización" de diversos servicios.

Los sindicatos de Sanidad lograron paralizar su aprobación para negociar punto por punto unas medidas que amenazan severamente la calidad de la atención primaria, una de las áreas sobre las que debería pivotar cualquier mejora de los servicios de salud pública, según todos los profesionales.

Los abogados del turno de oficio, a los que el recorte del Consell reduce en un tercio las retribuciones, también celebraron diferentes concentraciones en la Ciudad de la Justicia de Castellón, ante los juzgados de Sueca o ante los juzgados de Orihuela. Los abogados sugieren que los recortes pueden en poner en peligro un servicio básico para muchos ciudadanos que no pueden costearse la defensa de un letrado.El decano del Colegio de Abogados de Castellón, Antonio Esteban, explicó que la medida adoptada "unilateralmente" por el Consell hará peligrar el servicio puesto que se prevén renuncias de muchos letrados. Actualmente, unos 250 abogados están adscritos al turno de oficio en la provincia. "Algunos compañeros ya han dicho que en estas condiciones se darán de baja", dijo Esteban.

Esteban también señaló que el colegio presta diversos servicios a la Generalitat en virtud de convenios que habrá analizar caso por caso. "Tendremos que revisar qué pasa con estos convenios, porque lo prioritario es mantener el turno de oficio y a lo mejor tenemos que zanjar esta colaboración", manifestó.

Joan Tamarit, decano de los abogados de Sueca, se expresó en términos parecidos después de avanzar que los letrados estarían dispuestos a asumir un recorte del 15% en sus honorarios de forma excepcional y transitoria, informa Josep Blay. "Exigimos un turno de oficio dignamente retribuido, en beneficio de los ciudadanos que necesitan sus servicios", dijo Tamarit.

Mientras los profesionales de la medicina y la abogacía expresaban su malestar ante los recortes impuestos por el Consell, los sindicatos de empleados públicos acudían a los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana admitió a trámite el recurso formulado por los cinco sindicatos con presencia en la Mesa General de la Función Pública contra el decreto del Consell que impone un severo recorte del gasto previsto en los presupuestos de 2012. El decreto fue avalado hace una semana por la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes Valencianas.

Según los sindicatos, el recorte vulnera el derecho de libertad sindical porque nunca se negoció. También vulnera el derecho a la igualdad porque genera distancias en el trato hacia funcionarios "de distintos sectores de la Generalitat" y, sobre todo, entre los empleados temporales que ven reducida su jornada y los demás.

Finalmente, los sindicatos de funcionarios consideran que la imposición del decreto implica "una confiscación patrimonial", una merma de derechos adquiridos, que también están amparados por la Constitución.

Los sindicatos aprovecharon el recurso para caldear los ánimos ante las manifestaciones convocadas hoy en las tres capitales para exigir a la Generalitat la retirada de la actual versión del decreto de recortes.