Marbella vuelve a pagar la luz de la A-7 "por responsabilidad"

Ha vuelto el PP a tener el Gobierno de la nación y vuelve a reestablecerse la luz en la A-7 a su paso por municipios en manos populares que antes del cambio político decidieron dejar de pagar la iluminación de una vía altamente peligrosa entendiendo que debe ser el Ministerio de Fomento quien debe hacerlo. Ahora empiezan a recapacitar.

De momento, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), anunció ayer que el Ayuntamiento volverá a asumir el coste de una parte de la iluminación de la carretera en su término municipal "por responsabilidad". Adujo motivos de seguridad y porque así lo han pedido los colectivos ciudadanos.

Pero Muñoz reconoció que la medida de dejar de pagar el recibo de la luz de la carretera ha tenido sus resultados de ahorro, pues ahora se ha conseguido el compromiso de la concesionaria de la autopista AP-7 de que pagará la iluminación del túnel, lo que supondrá a las arcas municipales un estimable ahorro del 50%. El consistorio abonará ahora unos 200.000 euros anuales, en lugar de los 400.000 que pagaba hasta ahora.

Seguridad vial

"Aunque seguiremos solicitando al Ministerio de Fomento que asuma su coste, entendíamos que era necesario mejorar la seguridad vial en algunos tramos, se adopta por responsabilidad, dando respuesta a las peticiones de gran parte de la ciudadanía", justificó ayer la alcaldesa marbellí. Muñoz explicó que los técnicos municipales emitirán un informe para determinar qué tramos o puntos se vuelven a iluminar, dando prioridad a donde haya parada de autobuses, tramos peatonales y rotondas.

Los ayuntamientos de Mijas, Marbella, Fuengirola y Estepona, gobernados por el PP, y el de Manilva, con alcaldesa de IU, decidieron en septiembre pasado incluir en sus medidas de ahorro eliminar el pago del recibo de las luces de la carretera A-7. Los regidores de estos municipios consideran que al tratarse de una carretera nacional debe ser Fomento quien corra con estos gastos, aunque siempre lo habían hecho ellos.

Un par de meses antes, los mismos ayuntamientos ya se enfrentaron a Fomento por reducir a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en la carretera, de una alta conflictividad de tráfico y por la que circulan a la hora casi 4.000 vehículos. En conjunto, la factura de las farolas de la carretera costaba a estos municipios unos 532.000 euros anuales.