Carlos Fabra anuncia que recurrirá al Constitucional

"Las sentencias no son firmes hasta el último estado", clamó el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, hace dos años. Lo hizo como anuncio de que su afán de recurrir las resoluciones judiciales no se iba a parar en el Tribunal Supremo. Y así lo mostró de nuevo ayer, cuando desveló que acudirá al Constitucional para tratar de revocar la decisión del Supremo de que sea juzgado por todos los delitos que se le imputan.

El titular del juzgado número 1 de Nules decretó el viernes la apertura de juicio oral contra el aún presidente provincial del PP, Carlos Fabra, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Además, le requirió el depósito de una fianza de 4,2 millones de euros como garantía de pago de su responsabilidad civil en el caso de que sea condenado por defraudar 1,2 millones de euros a la Hacienda pública, según los peritos, junto con su entonces esposa, María Amparo Fernández, que también está imputada. A ella también se le ha pedido una fianza de 800.000 euros.

Ayer, a través de un comunicado enviado a la agencia Efe explicó que ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, previo al recurso de amparo que planteará ante el Tribunal Constitucional, "en relación con la prescripción de los posibles delitos fiscales". Pero este recurso no paraliza la marcha de su juicio.

Defiende su inocencia

En su comunicado, Carlos Fabra reiteró su inocencia y su "firme convencimiento" de que será absuelto. Además, relató que el auto del juez de Nules también ha sido recurrido, en este caso ante la Audiencia Provincial de Castellón. En cualquier caso, estos recursos no paralizan la causa.

Fabra considera en su comunicado que "no existe delito de cohecho" y que la Audiencia Provincial de Castellón ya se "expresó en este sentido mediante una resolución anterior". Para Fabra y su equipo jurídico "tampoco ha habido tráfico de influencias alguno, porque nada se hizo para conseguir legalización o ventaja administrativa alguna". Además, afirma que "no existe delito fiscal alguno según se desprende del informe del perito fiscal nombrado al efecto". Según su versión no hay delitos pero el hecho es que lleva ocho años encausado.