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Editorial:

La megarredada

El cierre de Megaupload en Estados Unidos no puede asimilarse a una acción contra la libertad de expresión o a una redada sobre internautas incautos. Doctrinalmente sigue vivo el debate sobre si es punible, o no, mantener una página de enlaces que remita a contenido protegido. Muchos jueces en España, por ejemplo, las han eximido de responsabilidad penal. Pero en este caso, está claro que la base del negocio de los marchantes de Megaupload era el cobijo de obras audiovisuales cuyo acceso y descarga permitían sin tener las licencias pertinentes: es decir, robo a gran escala.

En este caso ha habido unas víctimas directas: aquellos internautas que confiaron en este servicio para albergar sus propios documentos. No era la fuente principal de sus ingresos, pero Megaupload también funcionaba como una nube, otra en Internet, donde el cliente puede archivar sus documentos con la ventaja de que podrá acceder a ellos remotamente, desde cualquier máquina. Con el cierre de los servidores de la compañía, quienes tenían en depósito sus archivos se encuentran con que no pueden acceder a ellos. Es más que probable que la defensa de Megaupload sea insostenible. Pero también es discutible si la forma en que se planteó la redada del FBI tuvo presente los intereses de unos pocos clientes honestos y se hizo con las debidas garantías para sus archivos. Instala la inseguridad sobre un servicio que tiene una lógica abrumadora, las nubes de Internet, pero que necesita para consolidarse que no haya sustos como el que están viviendo esta semana usuarios de la citada web.

La redada se ha celebrado justo la semana en que Internet se sublevó contra unas leyes en EE UU que, con el legítimo estandarte de combatir la piratería, proponen medidas preocupantes. Unas leyes, ahora congeladas, que no gustaban en la Casa Blanca y que el episodio Megaupload quizá hace prescindibles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de enero de 2012