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Las consultoras recibían hasta el 25% del coste de los ERE en comisiones

Los investigadores creen que los intermediarios acapararon gran parte del fondo

"Ahí está el gran mangazo. Sin ninguna duda". La tosca frase de fuentes de la investigación es reveladora. Cualquier observador del caso de los ERE debería dar un paso atrás para ver con perspectiva cómo la mayor parte de los beneficios ilícitos del millonario fraude se la llevaron las consultoras y los intermediarios. De un fondo público de 647 millones, ni los intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) ni las ayudas directas a empresas representaron un fraude tan descomunal y concentrado en pocas manos como el de las consultoras, cuyo porcentaje rondó entre el 15% y el 25% del costo total de los expedientes.

Existía un circuito oficial entre las aseguradoras y la Dirección General de Trabajo de la Junta sin desglose. Y en paralelo otro circuito real donde las consultoras detallaban su minuta y la de sus intermediarios. La primera prueba ha trascendido ahora, después de un año de instrucción. Documentos intervenidos en la consultora Vitalia revelan los porcentajes de los "gastos externos" en el ERE de Mercasevilla, expediente que desencadenó el caso: de 3,6 millones de una prima, hasta 873.000 euros estaba destinado a la tajada de la consultora Vitalia (el 23,89%). De otra de 1,6 millones, hasta 335.000 euros (el 20%). La juez del caso ya ordenó a la Guardia Civil investigar las comisiones de las consultoras Vitalia y Uniter, pero de momento no hay conclusiones plasmadas en ningún atestado.

Los sindicatos buscaban empresas en las que se podía realizar un ERE

A priori, los responsables de estos altísimos porcentajes alegarán que ofrecían precios de mercado y la Junta aceptó pagar sus tarifas. Sin embargo, esta excusa legal ante la posible (o evidente) malversación de caudales públicos no parece que tenga base. El presidente del Sevilla José María del Nido también utilizó ese argumento en el caso Minutas para justificar sus altísimas tarifas cobradas al Ayuntamiento de Marbella y finalmente ha sido condenado.

"Lo primero es plantearse si la Junta necesitaba contratar un broker (intermediario) para contratar con una aseguradora, algo innecesario. Las arcas públicas han sufragado hasta un 25% de sobrecoste de las prejubilaciones. Un dislate sin concurso público que no tiene defensa. Existía una estafa para luego repartir beneficios, y está claro que el dinero no llegaba al trabajador prejubilado", analizan fuentes del caso.

La cifra del altísimo porcentaje deja perplejos a los profesionales del sector de las consultoras ligadas a las pólizas de vida que aseguran a los prejubilados. "La comisión media se sitúa entre el 0,25% y el 1%", describen fuentes del sector que piden el anonimato. El corretaje en estas operaciones se disparó sin control durante los 10 años en los que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero autorizó las subvenciones para los ERE. Este alegó que la consultora Vitalia le ofreció abonar los pagos en cómodos plazos, ventaja que ninguna otra consultora permitía. Y con el paso del tiempo el sistema se pervirtió.

Los costes externos subieron en una espiral que multiplicaron el precio final de los expedientes hasta generar una deuda de la Junta con las aseguradoras y consultoras que hoy supera los 300 millones. "La comisión se pactaba operación por operación", desvelan fuentes de la investigación.

De ahí que la comisión dependiera de muchos factores: la presencia o no de intermediarios, los bufetes intervinientes, el porcentaje de los sindicatos, y sobre todo, el momento en que fuera tramitado cada ERE, ya que a medida que transcurrían los años los porcentajes aumentaron. Además, la falta de concurso público en la concesión de los servicios de la Administración es una irregularidad insalvable que los responsables de Empleo deberán justificar ante la juez.

Casi la totalidad de los ERE presentados a la Junta durante la época de vacas gordas contó con financiación pública. Y numerosas empresas vieron un negocio redondo, animadas por los intermediarios. "Las empresas se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos. No había criterio para ser financiado. Había captación de empresas objetivo", ilustran fuentes del caso. El papel desempeñado por algunos sindicalistas fue esencial para multiplicar los márgenes de ganancias de las consultoras.

La función de estas empresas es garantizar una renta de supervivencia durante los años que le restan al prejubilado hasta su jubilación. Asi, el historial médico de los trabajadores es fundamental para determinar el riesgo de que un empleado enferme o muera. Un trabajo metódico y dedicado que realiza un actuario trabajador por trabajador.

La trayectoria y porcentajes percibidos por las consultoras Vitalia y Uniter tenían diferente número de ceros, aunque ambas obtuvieran beneficios millonarios. "No había una comisión estándar, dependía del coste del ERE y podía bailar entre el 8% y el 25%", explican fuentes del caso. Eso sí, de los 72 intrusos hallados por la Junta, 60 fueron tramitados a través de Vitalia. Por el contrario, mientras que Vitalia tuvo su época de esplendor hasta 2005, desde entonces Uniter acaparó el negocio de las grandes reconversiones industriales con Delphi y sus industrias auxiliares a la cabeza (1.000 prejubilados).

Durante la última década las consultoras repartieron dividendos con bufetes de abogados, sindicatos (UGT y CC OO, un 1% cada uno), intermediarios y conseguidores. El negocio tenía múltiples ventajas para las consultoras. A veces un pago de 10 millones para un ERE se hacía al contado y Vitalia abonaba el pago a los prejubilados durante 15 años. Y el beneficio que estos pagos a plazos generaba fue espectacular.

Protagonistas sin imputación

Un claro ejemplo de las condiciones tan ventajosas impuestas por las consultoras a la Junta eran las cláusulas de reversión. Es decir, cuando un trabajador moría, el dinero de su póliza no revertía a la Consejería de Empleo que había pagado, sino que la consultora se quedaba con ese capital. Y esa circunstancia ocurría con frecuencia porque el cálculo actuarial no es matemática pura.

La juez del caso aún tiene pendiente analizar este enorme fraude, ya que hasta ahora se ha centrado en los casos de 14 intrusos del total de 72 que identificó la Junta y que esta estima supuso un fraude de 10 millones a las arcas públicas. Una cifra ridícula comparada con los márgenes logrados por las consultoras en 10 años.

De momento, en la causa solo está imputado el intermediario y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, que en ocasiones percibió hasta un 5% del capital de un ERE cuando trabajó como comercial para Vitalia. Tanto el ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín como su empleado Jesús María Bordallo declararon ante la policía pero no en sede judicial. El responsable de Uniter, José González Mata, no ha declarado ni ante la policía ni en el juzgado. Ninguno de ellos está imputado.

El sistema generado por Albarracín incluía una red de mediadores muy versátil en sus formas de pago. "Lanzas cobra sus servicios de mediación de varios modos: emisión de informes, comisiones, cobro de pólizas de seguro cuya prima ha sido abonada por Vitalia, auto-prejubilarse en empresa, etc", destacó un informe policial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de enero de 2012

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