Rajoy se compromete a salvar a las autonomías: "España somos todos"
El presidente admite que los recortes harán caer el PIB, pero no ve otra opción
Los mercados empiezan a dar algún respiro a Mariano Rajoy, gracias sobre todo a la inyección de liquidez del BCE -los bancos están aprovechando los préstamos baratos que les otorgan en Europa para comprar deuda española que les da un interés muy superior- y eso parece darle algo de espacio al Gobierno para empezar a hacer política. Y la mejor manera de hacerla, al menos en la manera de entenderla por parte del Ejecutivo, es echando una mano a sus barones autonómicos para que no vayan a la quiebra.
El presidente del Gobierno lanzó ayer desde La Moncloa, acompañado por presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, un mensaje tajante: "Estamos dispuestos a acudir en auxilio de las comunidades, pero a cambio les exigimos un programa que garantice que van a cumplir y van a fijar un techo de gasto. El Estado somos todos y el Gobierno de España no se puede desentender de la situación de las autonomías. España somos todos y cuando vamos a Bruselas hablamos en nombre de todas las Administraciones españolas".
Van Rompuy ve una "emergencia" la reforma laboral, que no irá esta semana
Rajoy: "Las políticas de ajuste producen menor crecimiento, pero es necesario"
Esa decisión política, que implica dar oxígeno a las autonomías, se materializó pocas horas después, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofreció a las comunidades toda una serie de mecanismos para aliviar sus problemas de liquidez y que en la práctica implicará una lluvia de millones sobre las autonomías: adelantos del cobro de anticipos, líneas de crédito ICO para pagar a proveedores y más facilidad para la refinanciación.
Esta decisión tiene una compensación política evidente: todos los consejeros de las autonomías, especialmente las que tienen más problemas como la Comunidad Valenciana, estaban encantados. Hablaron incluso de "un antes y un después de la reunión". También evitan la pésima imagen de una suspensión de pagos
Pero la decisión tiene una contrapartida. Si el mercado entiende que el Estado no va a lograr controlar que las autonomías realmente reducen su déficit y evitan sus desviaciones la deuda española puede sufrir de nuevo y la prima de riesgo descontrolarse. Para evitarlo, Montoro aseguró que las medidas no tendrán impacto en el déficit, incidió mucho más en las sanciones -sin aclarar- e incluso llegó a decir que "puede llegarse a la intervención temporal" de las autonomías que no cumplan, "en términos hacendísticos", aclaró; esto es, no suspendiendo sus competencias pero sí controlando sus cuentas.
La reunión se produjo en un contexto de gran preocupación. Montoro habló en la rueda de prensa de un momento de "casi recesión, con más de cinco millones de parados". En la reunión fue más allá. Dijo que las previsiones se van a revisar con una caída del PIB del 0,5%. Algunos organismos auguran datos mucho peores, incluso del -2%.
En este contexto, todo el mundo es consciente de que los recortes empeorarán las cosas. Incluso Rajoy. En la rueda de prensa con Van Rompuy, en la que el belga insistió en la necesidad de pensar en medidas que impulsen el crecimiento y no solo en recortes, Rajoy admitió: "Ese es el gran debate [políticas de ajuste frente a necesidad de crecimiento]. Las políticas de ajuste duras pueden en un primer momento producir un menor crecimiento. Esto es así, pero es absolutamente necesario". Van Rompuy y algunos países europeos ya están pensando en medidas de estímulo para frenar la recesión. España, según el Gobierno de Rajoy, no tiene margen para eso. En su defecto, ya que no puede hacer medidas de inversión pública para estimular la economía, plantea reformas estructurales.
Rajoy insistió ante Van Rompuy en que él hará la reforma laboral y la financiera. El político belga habló de la "emergencia" de que España reforme su mercado laboral. Rajoy dijo que la reforma no irá al próximo Consejo de Ministros. Tal vez en el siguiente, dejó en el aire. Solo así podría llevar esa reforma aprobada al Consejo Europeo del día 30.
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