La justicia amplía a dos años más la investigación del clan de los 'asfalteros'

El caso del clan de los asfalteros va para largo. Pero no por la lentitud endémica de la justicia, sino porque la juez encargada del caso ha ampliado a los años 2007 y 2008 la investigación para esclarecer las supuestas irregularidades cometidas por un grupo de empresas que funcionaban como un cartel para hacerse con las adjudicaciones de las obras y fijar los precios de las obras públicas.

De esta manera, la juez ha abierto su foco hacia unas empresas que actuaron en connivencia para ganar los concursos y evitar la competencia de otras sociedades.

De la investigación judicial realizada hasta ahora se desprende que la Diputación de Girona, supuestamente, favoreció a una docena de empresas y que durante los años 2009 y 2010 se adjudicaron 75 obras en carreteras de aquella provincia por un importe que rondaba los 300 millones de euros. La juez del caso encargó su investigación a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que, en colaboración con los agentes de la Guardia Civil, realizó un exhaustivo informe. En el mes de marzo entregó unas primeras conclusiones y en octubre el informe definitivo. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con la justicia ordinaria, Antifraude dispone de profesionales cualificados de diversos ámbitos para analizar toda la información que recopila la policía.

Una quincena de empresarios declararon como imputados

El caso es que el informe de Antifraude sobre los años 2009 y 2010 no cerraba la puerta a que la práctica supuestamente delictiva podía extenderse a otros años y que pudiera traspasar la provincia de Girona.

De ahí que la juez haya considerado ahora que debe ampliar la investigación a las obras adjudicadas durante 2007 y 2008, cuando la economía se encontraba en un periodo expansivo y las Administraciones contrataban todo tipo de carreteras. La llegada de la crisis supuso después la paralización de algunos de esos proyectos.

Antifraude se ha comprometido a que ese nuevo informe sobre los años 2007 y 2008 esté a finales de marzo en la mesa de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona. "De lo que se trata es de comprobar, como ya sucedió en el primer informe, si las adjudicaciones de esas obras se ajustaron a los criterios de probidad, transparencia e imparcialidad que ha de regir toda contratación", explica Daniel de Alfonso, director de la OAC. La investigación judicial realizada hasta ahora no parece ir por ese camino, pues en su día se supo que las constructoras que se beneficiaron de las obras contaban con la presunta connivencia de Jordi Vergé, el gerente de carreteras de Girona adscrito a la empresa pública GISA que, supuestamente, recibía comisiones a cambio de las adjudicaciones. Vergé fue despedido por la Generalitat en abril del año pasado al conocerse su vinculación con el caso.

A raíz de esa investigación judicial fueron detenidos dos empresarios y una quincena más declararon como imputados. La investigación judicial sirvió, además, para que se encendieran las alarmas en la Diputación de Girona y el Ministerio de Fomento, que suspendieron cinco adjudicaciones de obras en las provincias de Girona y Tarragona por su presunta vinculación a la trama corrupta de empresas.