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El Gobierno pide paso en materia fiscal ante la comisión de duplicidades

Salinero espera "una revisión normativa" tras la reflexión en la Cámara

Casi al mismo tiempo que el lehendakari, Patxi López, anunciaba que el Gobierno estudia su capacidad de subir impuestos desde el Parlamento, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, mostraba en la propia Cámara su preocupación ante la posibilidad de que las diputaciones "ahoguen" por la vía tributaria al Ejecutivo, y, a través de él, las políticas de más gasto y que más afectan a los ciudadanos. Entre ellas citó la Sanidad, la Educación y la Seguridad.

Aguirre mostró ese temor, y dejó expresa su petición de corrección, ante la comisión que estudia las duplicidades e ineficiencias del extenso y entrecruzado entramado institucional de la comunidad autónoma. Las del consejero y las del secretario general de la presidencia, Manuel Salinero fueron las primeras explicaciones que oyó la comisión, que ayer echaba a andar. Su trabajo parte del estudio sobre duplicidades entre administraciones y sobre ineficiencias de todas ellas que el Parlamento mandató al Gobierno a realizar. También intervinieron representantes de las dos empresas consultoras, Deloitte y Everis, a las que recurrió el Ejecutivo para el trabajo. Este arrojó un resultado de 403 millones de coste, solo en los nueve ámbitos de actuación analizados.

El PNV niega que el modelo vasco sea más complejo que en otras autonomías
Aguirre reclama "equilibrio" entre el gasto y la capacidad de obtener ingresos

Las Diputaciones eludieron colaborar en el estudio, que les atribuyó el mayor número de duplicidades. "A ver si ahora quieren hablar con nosotros", deseó Salinero, que se volcó en tratar de convencer al PNV de que no se sometía a juicio su gestión de treinta años. Insistió una y otra vez en que el informe "no busca buenos ni malos" ni "identificar culpables" ni siquiera sugiere soluciones. Sí adelantó que el Ejecutivo cree que del trabajo de la comisión debe salir "una revisión normativa", sin más precisión, y "decisiones de pedagogía política". Tampoco concretó estas pero apunto: "Somos una comunidad demasiado pequeña para tener de todo en cada sitio"

Mientras el PP se limitó a realizar preguntas, el PNV, que cuestionó desde el primer momento el "rigor" del informe, le achacó ayer, a través de su portavoz, Ricardo Gatzagaetxebarria, estar "falto de contraste con las diputaciones".

El PNV negó incluso que el sistema vasco sea más complejo que el de otras autonomías y discrepa hasta del concepto de duplicidad manejado -la prestación por una administración de un servicio sin tener habilitación competencial para hacerlo. Negó también que la concurrencia de distintas administraciones en las mismas funciones suponga necesariamente ineficiencia. Puede ser complementación, sostuvo.

El consejero Carlos Aguirre no se anduvo con paños calientes y fue el portador del mensaje más importante a la comisión. Dijo a la comisión que el modelo financiero vasco no puede permanecer "inalterable" cuando los recursos y las prioridades son otros. Lo tachó de "anacrónico" y dijo que solo ha funcionado en época de bonanza económica y cuando el mismo partido ha mandato en el Gobierno y en las diputaciones.

En momentos de vacas flacas y de fragmentación política como ahora, quedan al descubierto todas sus fallas y se evidencia lo poco conveniente de que sean las diputaciones, justamente las instituciones que menos competencias tienen, las que mantengan el poder de decidir sobre cuestiones que determinan la recaudación, como la subida o no de impuestos, y cuyas consecuencias padecerán sobre todo quienes más responsabilidad de gasto tienen, es decir, el Gobierno. Aguirre reclamó "corresponsabilidad fiscal", entendida como "equilibrio entre el gasto que cada cual debe acometer y su capacidad de obtener ingresos". Aguirre pidió, en definitiva, paso para el Gobierno en el terreno que otorga más poder y del que más celosas son las diputaciones y recordó, en sintonía con lo que casi a la vez anunciaba el lehendakari, que el Parlamento tiene "poderosos mecanismos" que activar, en pro de "un sector público más racional, posibilista y ajustado a las nuevas realidades".

Sobre la reforma de la Ley de Territorios Históricos, dijo que puede derivarse de la renovación de las del Cupo y Aportaciones y de la aprobación de la Ley Municipal.

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