El fiscal rechaza anular las grabaciones de Mercasevilla

El fiscal del caso Mercasevilla se opuso ayer a la nulidad de la instrucción sobre la supuesta petición de una comisión de 450.000 euros por parte de la excúpula directiva y negó que se trate de un "delito provocado" al ser grabado por los empresarios denunciantes. El magistrado que presidirá el jurado que enjuicie el caso celebró ayer la vista de las cuestiones previas, en la que los abogados de los cuatro acusados pidieron que se declare nula la grabación que hicieron los empresarios de la reunión con los directivos. En la cita, estos les pidieron supuestamente una comisión ilegal como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería del mercado público.

Además, la defensa -apoyada en este aspecto por el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del PSOE- alegó que los imputados no eran funcionarios, por lo que en todo caso deberían ser juzgados por un tribunal profesional y no un jurado. A ello respondieron las acusaciones que, pese al carácter mercantil de Mercasevilla, se trata de una empresa con "clara función pública" que manejaba fondos públicos.

En este caso, primero de los cuatro sumarios de Mercasevilla que llega a juicio, están imputados sus exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y la funcionaria María Regla Pereira, única de los cuatro que acudió a la vista y se sentó en primera fila. La fiscalía pide para cada imputado 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa.

Torrijos, ante el juez

Por otra parte, el portavoz municipal de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, negó ayer haber coaccionado a trabajadores de la empresa municipal Sevilla Global cuando era primer teniente de alcalde. Torrijos, que declaró como imputado, se acogió a su derecho a no responder al abogado de la acusación. Tanto Torrijos como el entonces delegado de Empleo, Carlos Vázquez, comparecieron ante la juez que tramita una denuncia de la fiscalía por presuntos delitos de coacciones y contra la integridad moral de los trabajadores de Sevilla Global.

La denuncia es consecuencia de las actuaciones abiertas tras varios despidos a raíz del cese de su entonces gerente, José Ramírez, tres de los cuales fueron declarados improcedentes o nulos por los tribunales.