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Excolaboradores de Matas declaran en contra de los intereses del expresidente

Su jefe de prensa, su jefa de gabinete y un empresario de publicidad descargan su responsabilidad en los contratos para pagar al redactor de sus discursos

El expresidente de Baleares y exministro Jaume Matas escuchó ayer desde el banquillo de la Audiencia de Palma de Mallorca tres declaraciones de excolaboradores suyos, también imputados, directamente contrarias a sus intereses de defensa. Ocurrió en el juicio del caso Palma Arena. La vista, que durará un mes, trata sobre la contratación irregular del periodista que le hacía los discursos a Matas entre 2003 y 2007, mientras el PP gobernaba Baleares con mayoría absoluta. Es la primera vez que Matas se sienta en el banquillo de los acusados por las diversas causas que tiene pendientes.

Dos de los imputados detallaron ante los tres magistrados, los dos fiscales y siete abogados que alcanzaron un pacto con la Fiscalía Anticorrupción de arrepentimiento y de colaboración con la justicia -con restitución de parte de los fondos obtenidos o malversados- y que han obtenido los beneficios penales estipulados. No entrar en prisión es el objetivo.

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En sus declaraciones, Matas fue señalado como impulsor de las aparentes falsedades documentales y malversaciones de caudales con decisiones ilícitas que generaron los presuntos fraudes en la Administración. La fiscalía cree haber sumado suficientes pruebas de cargos e indicios en el primer día del juicio para mantener la acusación en todo su contenido. Por otra parte, la plana mayor del PP dejó en soledad a su antiguo líder. Decenas de ciudadanos le abroncaron e insultaron en la puerta del tribunal.

El director de Comunicación de Matas en el Gobierno de Baleares, Juan Martorell, reiteradamente, atribuyó todas las responsabilidades al expresidente, de quien dijo que le ordenó ejecutar los contratos y pagos al redactor de sus discursos, Antonio Alemany. Hasta 480.000 euros en cuatro años cobró este, a través de sus empresas. Alemany era el periodista de cámara de Matas, le escribía los discursos y le hacía propaganda con fondos públicos.

Alemany recibió todos los fondos, según el fiscal. En el contrato para los discursos se omitió adrede la razón, la escritura de los mismos, y se pagaron a través de una "empresa pantalla", una compañía de publicidad, Nimbus, que cobró en negro parte de la campaña del PP, pieza de otra causa penal del caso Palma Arena.

Los expedientes de los contratos de las intervenciones y conferencias eran un "fraude", describió la jefa de Gabinete de Matas, Dulce Linares, que se sintió "engañada" en el trámite, sin concurso ni justificación: "De saberlo, no lo hubiera hecho, no me hubiese jugado mi carrera de funcionario".

El empresario publicitario Miguel Romero, de Nimbus, desveló que el concepto y contenido de las facturas que gestionó ante la Administración para Alemany (por 4.000 euros al mes) eran "falsos" y confesó un delito de falsedad en un documento ante la Administración y, además, un amaño global en un concurso público que no respondía a la realidad y que fue concebido por el presidente. "Me vi entre la espada y la pared" y "forzado" por Matas, manifestó Romero ante el tribunal, al asumir que tuvo que aceptar "hacerle el favor" que el presidente le pidió: amparar a Alemany, que escribía a la vez en El Mundo -y elogiaba sus propios textos y a Matas- y estaba "enemistado" con grupos de prensa de Mallorca.

María Umbert, directora del Gabinete de Presidencia antes de ser directora general de la televisión pública Ib3, fue menos rotunda en su desmarque de Matas. Umbert, periodista de formación y profesión, dijo que trabajó a las órdenes de Matas y que ignoraba la diferencia entre un discurso de investidura y de toma de posesión. Fue una treta para no asumir la firma de un pago ilegal.

Matas que declarará hoy en una causa en la que el fiscal le pide hasta ocho años de cárcel por falsedad, fraude, malversación de caudales y prevaricación. El otro principal imputado, Antonio Alemany, afronta una posible pena de cinco años y medio.

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