La primera de las 26 piezas del puzle

Esta es una pieza de un gran damero y, de entrada, en el primer juicio aparece en el banquillo el expresidente de Baleares, Jaume Matas, del PP. Matas es el principal protagonista de la causa global del caso Palma Arena, segregada en 26 piezas diferentes para facilitar su instrucción y enjuiciamiento.

"Es una persecución inquisitorial", asegura el defensor de Matas, Antonio Alberca, penalista de Madrid bregado en el macrojuicio del 11-M, en la defensa de Rafa Zouhier. Matas es cuestionado en su gestión de los contratos y fondos públicos desde la Administración.

El escándalo de supuesta corrupción, con tantas ramificaciones e imputados, estalló en 2008, tras destaparse el sobrecoste del gran velódromo de Palma, que fue presupuestado por parte del Gobierno regional de Matas en 44 millones de euros y en el que se han gastado más de 100 millones. Y aún no se ha concluido la gran infraestructura, estrenada en 2007, de manera precipitada, para celebrar unos campeonatos mundiales de ciclismo.

El caso nació de una denuncia del Ejecutivo socialista de Francesc Antich

El asunto penal abierto por el juez José Castro nació formalmente de una denuncia del anterior Ejecutivo socialista de Francesc Antich (2007-2011). Más adelante, el juez incorporó la investigación de la Fiscalía Anticorrupción -que partió de denuncias ciudadanas anónimas- sobre el supuesto enriquecimiento personal de Matas y la compra de un palacete, que tuvo que hipotecar por tres millones de euros para pagar la fianza carcelaria en 2010. La Fiscalía de Baleares y la Fiscalía General del Estado obstaculizaron la acción de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, pero la iniciativa del juez Castro reclamando el dossier que habían elaborado desencalló su trabajo y se integró en un mismo caso penal.

Unos ciudadanos dieron a los fiscales Carrau y Horrach la pista sobre el palacete de Matas, el uso de billetes grandes de 500 euros por parte de la esposa de Jaume Matas, Maite Areal, dinero supuestamente procedentes de comisiones, y que Areal usó en tiendas de Palma en compras de lujo.

El actual juicio se centra en el pago supuestamente ilegal de los trabajos de Antonio Alemany como redactor de discursos de Matas y en las subvenciones recibidas por sus empresas para lanzar dos medios afines al PP, la Agencia Balear de Medios y la web Libertad Balear. El periodista de cámara de Matas recibió 480.000 euros de la Administración de Matas. Una parte de los pagos se contrató con la agencia de publicidad Nimbus, propiedad de Miguel Romero -también imputado- para camuflar la presencia como contratado por el Gobierno de Antonio Alemany, "enemistado" con el resto de los medios de Baleares y que escribía en El Mundo elogios de Matas y de sus propios discursos.

Esta pieza de los discursos con contratos supuestamente ficticios se abrió porque Nimbus trabajó para el Palma Arena, los mundiales de ciclismo y las campañas electorales del PP. Tirando del hilo, tras los registros de la sede de Nimbus aparecieron los contratos bajos sospecha de Matas a favor de Alemany.