López da por hecho el "consenso" en cambios de política penitenciaria

El lehendakari, Patxi López, encabezó ayer una serie de reacciones a la manifestación de la izquierda abertzale por los presos etarras, que, en su mayoría, dejaron la puerta abierta a cambios en la política penitenciaria. "Hay casi un consenso generalizado en que otra política penitenciaria es posible", afirmó López, que consideró suficiente la actual legislación penitenciaria y negó a los reclusos etarras la condición de presos políticos que la izquierda abertzale y ellos mismos se adjudican. "Son presos por haber cometido asesinatos, haberlo intentado o ayudar y dar cobertura a los asesinos y eso no es política", recalcó.

Idéntica distancia marcó el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, pese a apostar también flexibilizar la política que se les aplica: "No son nuestros presos, ni nuestros gudaris, ni nuestros héroes. Y tampoco lo son de la mayoría de la sociedad vasca", les negó, tras encajar la manifestación "en la estrategia actual de la izquierda abertzale". Urkullu quiere "una política penitenciaria más consensuada, flexible y dinámica". "No hay motivo ni razón", escribió en su blog, para que el Gobierno de Rajoy no aborde "de forma rápida y decidida" la tarea de acabar con cualquier "excepcionalidad" que se esté aplicando a los terroristas presos. En ese consenso "casi generalizado" del que habló López, la separación está en los matices y estos revelan que unos establecen más condiciones que otros: mientras el lehendakari, y también Urkullu, ven factibles desde ya los cambios, las valoraciones del PP, tanto la del su presidente vasco, Antonio Basagoiti, como la del portavoz adjunto en el Congreso, Leopoldo Barreda supeditan los movimientos a la previa disolución de ETA y el inicio de su desarme. Basagoiti abundó también en la idea del consenso al comprometer que Rajoy hablara "intensamente" con PSOE y PNV sobre los pasos a dar en el fin de ETA.

Urkullu: "No son nuestros presos, ni nuestros 'gudaris', ni nuestros héroes"

Barreda consideró que "la foto" de la manifestación del sábado, de la que Amaiur emplazó a Rajoy a "tomar nota" es "bien conocida": eran los mismos que "han respaldado a quienes tomaron las armas contra la democracia y ahora pretenden que esta renuncie a la aplicación de la ley". La aspiración de los participantes en la marcha es "la impunidad de los terroristas" y su procedimiento "dirigir la presión a un gobierno democrático" en lugar de a ETA. Por contra, el objetivo de la democracia es lograr su "disolución incondicional" y "definitiva". Junto a ello colocó la exigencia de reconocimiento del daño causado desarme de la banda. Rajoy "garantizará el cumplimiento de la ley y la defensa de las libertades de todos" frente a cualquier pretensión de "impunidad y equidistancia con la historia de ETA".

Sí existe coincidencia generalizada en descartar medidas colectivas, más aún la amnistía, vetada por la Constitución. Su mera reclamación por los manifestantes del sábado la consideró el diputado socialista Odón Elorza "una perversión moral y un desprecio a las víctimas", que, además, estaría "debilitando" y perjudicando el proceso tras la renuncia definitiva de ETA.

Nadie cuestiona tampoco la suficiencia de la legislación penitenciaria actual: López la consideró "muy garantista y muy generosa" y guiada por "un afán reinsertador de todos cuantos den el paso de integrarse en la democracia".