Jaque a las copas en la calle

Viernes noche en las tascas de Castellón. Son las nueve y centenares de personas abarrotan las céntricas calles Isaac Peral y Barracas donde se instalan nueve bares que se convierten por unas horas en el corazón de la ciudad y que se enfrentan ahora a un duro golpe. "Estamos nerviosos porque han dado un gran paso, están tratando de cerrarnos", comenta José, el propietario de una de estas tascas. Habla de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado el artículo de la ordenanza municipal que daba a esta zona excepcionalidad para permitir beber en la calle.

El fallo, que responde a un recurso del colectivo Castelló sense Soroll, deja en jaque esta tradicional zona de bares porque los reducidos espacios obligan a consumir fuera.

Para unos, se trata de 'botellón'; para otros, una seña de identidad

Los hosteleros se temen lo peor, a pesar de que tienen el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, que se ha reafirmado en su "defensa firme de la tradicional zona de las tascas, compatibilizando el derecho al descanso con el ocio". Algo que se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza del equipo de gobierno de Castellón (PP) y, en particular, de su edil de Sostenibilidad, Gonzalo Romero.

El conflicto comenzó a mitad de 2007 con la irrupción del colectivo Castelló sense Soroll, que nació para acabar con los ruidos en una zona de pubs y discotecas de la ciudad que se producían hasta altas horas de la madrugada. Poco después se amplió la lucha a la zona de las tascas y no tardó en llegar la ruptura con el Ayuntamiento: la asociación contrató a un abogado y llevó el caso a los tribunales al reclamar judicialmente la medición del ruido en las tascas, lo que obligó a la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

Al mismo tiempo, Castelló sense Soroll presentó alegaciones a la ordenanza municipal que permite beber en la calle alegando que va en contra de la Ley de Drogodependencias de la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento no les escuchó y, tras acudir al contencioso-administrativo, Castelló sense Soroll ha puesto en jaque a las tascas cuando el fallo del TSJ de final de 2011 ha dejado sin cobertura legal el consumo de alcohol en esta zona. El equipo de gobierno ya ha avanzado que volverá a redactar la ordenanza para normalizar la situación amparándose en una tradición de décadas. Para unos no se trata más que un problema de botellón, para otros es "la seña de identidad" de la ciudad.

"Nosotros fuimos los primeros en abrir una tasca y el año que viene cumpliremos 40 años", explica Ernesto, uno de los hosteleros afectados. Recuerda que ya en los años noventa el Ayuntamiento dictó un bando para poder beber en estas calles. "Luego llegó la ley de drogodependencias y se hizo la nueva ordenanza en el mismo sentido", destaca. De hecho la propia ley valenciana establece que se podrá beber en zonas previamente autorizadas, pero una mala redacción ha tumbado la normativa de Castellón.

Tanto él como el resto de hosteleros afectados atribuyen a "intereses particulares" y no a un malestar vecinal los continuos varapalos judiciales promovidos por Castelló sense Soroll. Destacan que dos de los principales valedores, entre ellos el presidente del colectivo, Pedro Monfort, "ni tan siquiera viven en la zona". Polémicas al margen, lo cierto es que por el momento solo han pedido que se aplique la legalidad vigente y entre el vecindario hay firmes defensores pero también detractores.

"La sentencia del TSJ es una victoria siempre que se aplique", dice Monfort. El presidente de la asociación (que es propietario de una de las tascas que tiene en alquiler) niega las acusaciones y asegura que su único objetivo es "que en esta zona se cumpla la ley". Monfort explica que el 15% de los miembros de la asociación son vecinos de las tascas pero se niega a especificar el número. Pero aunque sean pocos se dejan oír y ya han ganado el pulso en dos ocasiones. La declaración de ZAS del pasado año obliga a los bares a dejar de servir bebidas en la calle a las 11.30 horas y media hora después a cerrar y limpiar las calles, lo que se cumple con puntualidad inglesa.

Tras cuatro años de conflicto, el Consistorio aún busca la fórmula para contentar a todos y evitar la desaparición de las tascas. De momento, tiene dos meses para volver a aprobar una ordenanza que permita beber en la calle antes de que se ejecute el fallo del TSJ.