Grau desvela que se suprimió un acto porque Urdangarin dejó Nóos

El Gobierno local de Valencia despidió ayer el año con recortes presupuestarios, subida de tarifas, cesiones de suelo a centros privados y rechazando cualquier investigación interna sobre el saqueo de Emarsa o las contrataciones con Iñaki Urdangarin. "Los tribunales son los que tienen que hablar", dijeron en el pleno de ayer -el último del año-, donde el PP aprobó en solitario para 2012 unos presupuestos de recortes.

Los casos Emarsa y Palma Arena, ambos en los juzgados, monopolizaron buena parte del debate. El PP, que gobierna el Consistorio con mayoría absoluta, rechazó personarse como acusación particular en el caso donde está imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por supuesta corrupción en su actuación como presidente del Instituto Nóos entre 2004 y 2006. Según el vicealcalde Alfonso Grau, las cuentas "están claras" y el precio que se pagó, añadió, "fue correcto y está todo justificado". El Consistorio no se personará, arguyó el número dos de Valencia, porque fue una fundación y no el Ayuntamiento quien firmó con Urdangarin.

Todos los grupos se negaron a eximir a la Generalitat de un impuesto

El PP aprueba en solitario las cuentas para 2012 y el alza de tarifas de la EMT

En el debate de la moción, que presentó Compromís, Grau desveló que tanto la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau como CACSA contrataron con Nóos cuatro ediciones del Valencia Summit pero solo se celebraron tres. "A partir de la tercera se detectó algo raro", admitió el vicealcalde. Según Grau, vieron "disidencias" dentro del instituto y por eso cortaron la relación. Ya en los pasillos, el vicealcalde reconoció que las instituciones valencianas se plantearon prescindir de Nóos cuando Urdangarin se salió de la fundación en 2006 porque era el único que, a su juicio, garantizaba por sus contactos la presencia de participantes de alto nivel a estos congresos donde se debatía sobre los beneficios para las ciudades de organizar eventos deportivos. La fundación municipal y la sociedad de la Generalitat pagaron más de tres millones de euros a Nóos por la organización de estos congresos.

Ribó justificó su petición de que el Consistorio se persone en la "necesidad de obtener más información del supuesto fraude realizado al Ayuntamiento por este entramado". "No es una buena práctica política", añadió Ribó, hacer contratos "secretos o con cláusulas secretas" como el que se firmó con Urdangarin.

El concejal de EU Amadeu Sanchis pidió copia de toda la documentación relacionada con el contrato con Nóos. El socialista Joan Calabuig emplazó al PP local a personarse "antes de que el nivel de agua siga subiendo".

El PP aprovechó su mayoría para rechazar también la creación de una comisión de investigación municipal sobre lo sucedido en la depuradora de Pinedo, donde el Consistorio de Valencia tiene peso específico. Ribó aseguró que muchos de los que supuestamente han cometido irregularidades en la sociedad pública están cerca de la alcaldesa o de su partido. El vicealcalde amenazó implícitamente con denunciarlo por sus palabras. Según el socialista Calabuig, si algo se le puede recriminar al Gobierno de Barberá es la falta de control y vigilancia que hubo sobre las actividades de Emarsa. "Estamos ante un presunto desfalco de 40 millones de euros y la investigación apunta a conductas muy graves. El Ayuntamiento no puede decir que no sabe nada", dijo. Sanchis intentó sacar adelante una moción para que el Gobierno local colabore y apoye la comisión de investigación creada en las Cortes sobre Emarsa: "La obligación de las instituciones es colaborar en el esclarecimiento de estas irregularidades", dijo. El PP la rechazó y aprobó una propia donde se dice que colaborarán cuando se lo pidan las Cortes.

El pleno aprobó con los únicos votos del PP los presupuestos de 2012, que ascienden a 715 millones de euros. Los populares sacaron adelante en solitario la subida de tarifas de la EMT. Los tres partidos de la oposición votaron en contra. Solo hubo una moción que apoyaron todos y fue la negativa del Ayuntamiento a perdonarle a la Generalitat el pago de 2,5 millones de euros en impuestos por la construcción del complejo administrativo 9 d'Octubre. Curiosamente, todos estuvieron de acuerdo pero el debate del punto fue uno de los más agrios del pleno.