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El Constitucional avala que la UPV vuelva a matricular a presos etarras

El fallo solo resulta aplicable por ahora a los encarcelados en el extranjero

Los presos etarras podrán volver a matricularse en la Universidad del País Vasco (UPV) para cursar sus estudios, al menos, los que están recluidos en el extranjero. Así lo ha determinado una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha tumbado otra previa del Supremo que "vulneraba la autonomía universitaria" al delegar en Instituciones Penitenciarias la supervisión de la calidad de la enseñanza. La resolución no afecta a los reclusos que se reparten por las cárceles españolas, cuya matriculación depende de un acuerdo previo con Prisiones.

Fue en 2004 cuando la UPV aprobó un protocolo de atención docente a presos que, desde un prisma de "libertad e igualdad", pretendía abrir la puerta de los estudios superiores al conjunto de los reclusos, incluidos los de ETA. A la espera de un convenio con Instituciones Penitenciarias que todavía no existe a fecha de hoy, la normativa solo se aplicó a los reclusos en el extranjero, prácticamente todos miembros de ETA. Apenas unas decenas lo solicitaron, casi en su totalidad desde prisiones francesas. La Abogacía del Estado vio vulneradas las competencias del Ejecutivo central y decidió recurrir a la Justicia.

Dar clase a internos en España depende de que haya acuerdo con Prisiones

Aunque el Tribunal Superior vasco falló inicialmente a favor de la UPV, el Supremo anuló en 2009 el protocolo, lo que obligó a suspender la matrícula de los más de medio centenar de internos que se habían beneficiado del mismo para estudiar a distancia. El Constitucional, sin embargo, respalda ahora a la UPV, al entender que "el ejercicio de la potestad normativa para la ordenación de la actividad docente no se puede supeditar a la previa suscripción de un convenio" entre administraciones. "Se demuestra que hemos hecho bien nuestro trabajo", celebró ayer el rector, Iñaki Goirizelaia.

De los cerca de 700 presos etarras, unos 550 se hallan en España y casi todos los demás se distribuyen por Francia. Además, hay sendos detenidos en Portugal, Reino Unido, Irlanda y México.

En una rueda de prensa en Bilbao en la que comentó la resolución judicial, Goirizelaia confió en que la sentencia sirva para lo que se pretendía en un principio: encauzar un convenio con Instituciones Penitenciarias que, hasta la fecha, y en función de la movilidad de la población reclusa y el carácter no presencial de sus estudios, solo se ha materializado con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "Los tres últimos rectores [de la UPV] hemos dirigido hasta seis cartas en las que pedíamos de forma reiterada la firma de un acuerdo para matricular a los presos, pero siempre hemos recibido el silencio como respuesta", lamentó, en presencia de la secretaria general de la universidad pública, Eva Ferreira, y de su antecesor, Juan Ignacio Pérez, rector cuando se aprobó el protocolo. Fue un gesto con el que se quiso ejemplificar la unanimidad que la universidad ha mantenido siempre en torno a esta cuestión, que tanta polémica generó en su momento.

La inclusión de la UPV en el acuerdo que Instituciones Penitenciarias ya mantiene con la UNED permitiría impartir a los presos las carreras que esta última universidad no ofrece en la actualidad, como Periodismo, además de estudios en euskera. Habrá que esperar, no obstante, a que se complete el cambio de estructura administrativa tras la llegada del PP al Gobierno. Sin avanzar los posibles plazos del relevo, fuentes de Prisiones confirmaron ayer que será al nuevo equipo al que le corresponderá decidir al respecto.

El conocimiento de la sentencia no tardó en provocar la reacción del Gobierno vasco. Fue la consejera de Educación, Isabel Celaá, la encargada de hablar en persona con Goirizelaia para conocer los detalles de la sentencia. La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, renunció, por su parte, a analizar la resolución, si bien recordó que aún queda por despejar la situación de quienes están recluidos en los penales españoles, según informa Isabel C. Martínez. La también responsable de Justicia destacó que el fallo del Constitucional "da la razón" a la UPV, pero solo de forma parcial, ya que la situación en España es diferente. "Aquí es Instituciones Penitenciarias la que manda que debe haber una fórmula previa con la UPV que todavía no existe", recalcó.

El Consejo de Estudiantes de la UPV se declaró "satisfecho" con el fallo.

Ferreira, Goirizelaia y Pérez (de izquierda a derecha), antes de su rueda de prensa de ayer en el paraninfo de la UPV.
Ferreira, Goirizelaia y Pérez (de izquierda a derecha), antes de su rueda de prensa de ayer en el paraninfo de la UPV.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Un aval para la relación futura

Fechada el pasado 19 de diciembre, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la educación universitaria de los presos etarras vuelve a rebatir una decisión previa del Tribunal Supremo sobre una cuestión vinculada con la política vasca. Y no se trata de una resolución cualquiera, ya que llega en un momento decisivo, tras el cese definitivo de la banda armada y unas elecciones generales que han provocado un vuelco de Gobierno con la mayoría absoluta del PP.

En el actual escenario político, las posibilidades que se abren son múltiples, aunque la respuesta de Instituciones Penitenciarias se hará esperar, previsiblemente. No llegará hasta que se complete, en las próximas semanas, la reforma de la estructura administrativa provocada por el cambio de Ejecutivo.

El nuevo presidente, Mariano Rajoy, ya ha asegurado que no realizará concesiones de ningún tipo hacia el entorno de ETA hasta que la organización terrorista no decrete su disolución definitiva. Desde la UPV, sin embargo, se confía en que la resolución del Constitucional sirva como aval para reconducir las relaciones con Prisiones, después de los fallidos intentos desarrollados durante los ochos años de Gobierno socialista.

Una hipotética cesión en materia educativa se podría interpretar como un primerizo guiño del Gobierno popular hacia la izquierda abertzale, que ha convertido los derechos de los presos en bandera de su nueva etapa de apuesta exclusiva por las vías pacíficas y democráticas. Supondría una acción muy distante del acercamiento a las cárceles de Euskadi que reclaman los propios reclusos, pero también menos perceptible por parte de los ciudadanos, lo que podría facilitar su ejecución sin el temor a la posible respuesta de la opinión pública. Otorgaría a los internos, además, la posibilidad de estudiar en euskera.

Cronología

- En 2003 se reformó la Ley General Penitenciaria para que los presos pudieran acceder a la educación.

- La UPV elaboró en 2004 su protocolo de atención docente a reclusos, a la espera de un acuerdo con Prisiones que aún no ha llegado. Por eso solo tuvo aplicación con los internos en cárceles del extranjero.

- La Abogacía del Estado consideró vulneradas sus competencias y recurrió la normativa, pero el Tribunal Superior vasco falló en 2006 a favor de la UPV.

- Esta resolución derivó en un nuevo recurso de la Abogacía del Estado, esta vez ante el Supremo, que en 2009 anuló el protocolo universitario. La matriculación de más de medio centenar de presos etarras internos en Francia quedó suspendida.

- El Constitucional, ante el recurso de amparo, defiende en su sentencia, fechada el pasado 19 de diciembre, la posición de la UPV y da vía libre a la matriculación de presos, incluidos los de ETA. De momento, solo los recluidos fuera de España.

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