Alarma demográfica

Los datos difundidos esta misma semana por el Instituto Galego de Estadística (IGE), reforzados por las conclusiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre censos de población referidas al año 2011, anuncian que Galicia perderá en la próxima década cerca de 90.000 habitantes y verá como aumenta significativamente el ya importante desequilibrio demográfico existente entre el eje atlántico y el interior. Si a todo ello añadimos que, debido a la dura crisis económica que padecemos, se reducirá el escaso flujo migratorio procedente de otros países y de otras comunidades españolas, el resultado obtenido nos sitúa ante una crisis demográfica de demoledoras consecuencias económicas y sociales para el país.

Sin embargo, y en abierta contradicción con la alarma provocada por el IGE, los poderes públicos, particularmente la Xunta, hace tiempo que parecen haber renunciado a intervenir sobre las causas que han producido una drástica reducción de la tasa de natalidad en Galicia, hasta niveles inferiores a los que garantiza la sustitución de la población y, por tanto, el relevo generacional. De hecho, el Gobierno gallego carece de un proyecto de revitalización demográfica que, a través de una acción integrada y sostenida en el tiempo, pueda invertir la actual tendencia negativa.

En todos los países desarrollados con reducida natalidad suelen existir simultáneamente altos índices de desempleo, particularmente femenino, altas tasas de eventualidad y un escaso desarrollo de los servicios sociales. Pues bien, con una tasa de paro que ha vuelto a situarse en altos niveles y que amenaza con seguir subiendo, y con una precariedad laboral que duplica la que existe en la Unión Europea, Galicia es un caso paradigmático. Conviene subrayar que la baja fertilidad no tiene relación alguna con la participación de la mujer en el mercado de trabajo, sino con la forma en que tal participación tiene lugar. Es decir, tiene vinculación con la poca seguridad y apoyo que encuentra la mujer, así como las limitadas opciones que se le ofrecen cuando se integra en el mercado laboral. Por lo que se refiere a los servicios sociales, en especial los de ayuda a la familia -en un país en que retóricamente se proclama a ésta como centro de la sociedad, algo que Rouco repetirá el próximo día 30-, tales como residencias de ancianos, escuelas infantiles o ayuda a los discapacitados, Galicia ocupa lugares secundarios en España, que a su vez está a enorme distancia de la media de la UE y a distancias siderales de los países más avanzados. Similares resultados se obtienen si se realiza un análisis comparativo de las transferencias de fondos públicos a las familias. Y todo este cuadro, debido a la crisis o tomando esta como coartada, no hará más que empeorar en los próximos tiempos y, por consiguiente, Galicia seguirá teniendo una baja tasa de fertilidad.

Conscientes de la gravedad del problema, en el año 2000 las fuerzas políticas y sociales llegaron a la conclusión de que era imprescindible la elaboración del Plan de Revitalización Demográfica de Galicia. El proyecto llegó al Parlamento y, cuando solo restaba la votación final del mismo, ante la sorpresa general y forzando las normas de la Cámara, el Gobierno Fraga, que se había proclamado hagiógrafo de la demografía, bloqueó su aprobación, impidiendo que Galicia dispusiera de un instrumento de carácter estratégico para afrontar la crisis demográfica. Por desgracia, tampoco el Gobierno bipartito fue capaz de rescatar y aplicar aquel importante plan. En la actual legislatura se volvió a plantear el problema y se constituyó una nueva comisión parlamentaria para debatirlo. Después de varios meses de comparecencias de expertos en los diversos factores asociados al problema demográfico, el proceso se paralizó. La comisión parlamentaria no ha vuelto a ser convocada y sus posibles conclusiones descansan el sueño de los justos.

Por todo ello, cuando el INE y el IGE nos recuerdan la gravedad de la situación, la Xunta y las fuerzas políticas, evitando buscar justificaciones en la crisis para su inacción, tienen la obligación de activar todas las medidas necesarias para abordar este grave problema que limita drásticamente nuestras perspectivas como país.