La secesión, ¿cómo y por qué?

Desde hace mucho tiempo y cada vez con mayor frecuencia, el nacionalismo vasco viene afirmando que la independencia de Euskadi es viable, necesaria y beneficiosa. Se pretende convencer a los vascos de que viviríamos mejor y con un mayor bienestar material si contáramos con un Estado propio, porque España es una rémora para nuestro desarrollo. Y es curioso que todo esto se alega, sin aportar ninguna prueba concreta y fiable, cuando en Europa se inicia un proceso de nuevas cesiones de competencias presupuestarias y fiscales por los Estados miembros, conscientes de que sólo así, y no en solitario, se puede superar la gravísima crisis económica y defender al euro. Sólo la resistencia de los nacionalismos estatales está retrasando un final insoslayable: el establecimiento de una autoridad supranacional que defina y supervise la política presupuestaria y fiscal, controle la gestión económica y establezca un sistema financiero común, acorde con la existencia de una moneda común.

Quienes defienden la independencia deben probar su viabilidad económica

Quienes propugnan la independencia de Euskadi deberían, en primer lugar, advertirnos de que esa independencia nos podría situar fuera de la Unión Europea. Para admitir a un nuevo Estado en la Unión se requiere una previa negociación larga y compleja y luego la aceptación unánime de todos los Estados miembros. Si no existe razón democrática alguna, ni norma de Derecho Internacional que ampare o facilite un derecho unilateral a declarar la independencia, ¿cabe pensar racionalmente que todos los Estados, incluidos Francia y España, iban a permitir la secesión de unos territorios que llevan siglos vinculados a esas dos grandes e históricas naciones, que tienen un sistema democrático pleno y el derecho a que se respete la integridad territorial de su Estado? Que nos expliquen los nacionalistas cuándo y cómo podríamos ser independientes y a la vez seguir dentro de la Unión Europea y del euro, porque, de no ser así, esa independencia, lejos de favorecer el crecimiento, supondría una catástrofe para nuestra economía.

Pero supongamos que milagrosamente alguien consigue la aceptación internacional de un nuevo Estado, el vasco, con la condición de miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Aun así, en un contexto cada vez más evidente de decisiones supranacionales en materia de política exterior, de defensa, monetaria, presupuestaria, financiera y sectorial, ¿alguien me puede explicar para qué diablos precisamos de un Estado propio? ¿Qué aumento significativo e imprescindible de poder, sobre el que ya disponemos en virtud del Estatuto de Autonomía, justificaría un plan de fabricación de nuevas fronteras cuando las actuales son cada vez más porosas, en una sociedad con diversos sentimientos de identidad?

Más aún; quienes defienden la independencia son los obligados a probar que es cierto cuanto aducen en orden a su viabilidad económica y a su conveniencia. Y esa prueba tiene que apoyarse en números ciertos, concretados a partir de un análisis riguroso de los datos reales, y no en meras consideraciones retóricas teñidas de sentimentalismo. Tienen que demostrar, por ejemplo y entre otras muchas cuestiones, que con el Cupo que abonamos hoy al Estado nos bastaría y sobraría para financiar los nuevos gastos y cargas que todo Estado comporta; que no tendríamos que hacer contribuciones a instituciones y organismos comunitarios o internacionales mayores de las que hacemos con ese Cupo; que, además, seguiríamos recibiendo recursos e inversiones estatales y comunitarias para el desarrollo y mejora de nuestros sectores económicos e infraestructuras; que podríamos sostener una Seguridad Social y un sistema de pensiones como el que ahora existe sin déficit alguno que se hubiera de cumplir con mayores contribuciones e impuestos, etcétera. Porque si, como sospecho fundadamente, a falta de prueba por quien está obligado a ello, todo lo anterior no fuera así, la independencia sería un negocio ruinoso, aun en el caso ilusorio de que nos permitieran seguir dentro de la Unión Europa y de la zona euro.

Los políticos vascos partidarios de la independencia no pueden limitarse a esgrimir un supuesto derecho a decidir, eludiendo explicar desde el realismo las consecuencias que acarrearía ejercitar ese derecho en la forma que pretenden. Tienen la obligación ineludible de acreditar ante los ciudadanos que su propuesta es posible y beneficiosa para todos. Otra cosa sería vender humo, seguir fomentando en beneficio partidario un sentimiento de frustración de la sociedad vasca que no se corresponde con lo que ya tenemos, y jugar con el bienestar futuro de todos, engañándonos descaradamente.

Hace unos días, en este periódico, Jose María Ruiz Soroa demostraba con claridad meridiana la inmoralidad en democracia de pretender la secesión de Euskadi para luego edificar un Estado uninacional al objeto de construir una sociedad uninacional homogénea. Pues bien, sería muy triste que la pretensión de los nacionalistas, además de inmoral, constituyera una solemne estupidez, como en mi opinión lo es, salvo prueba fehaciente y cumplida en contrario. Sería una pena que, cuando cada vez el mundo se abre a nuevas formas de organización política, en las que los conceptos de interdependencia y de cooperación se irán imponiendo, aquí algunos se empecinen en un proyecto de división y de fractura, sin futuro.