Presidencialismo

Tras su incontestable victoria por mayoría absoluta en las elecciones legislativas, Mariano Rajoy ha dado por concluida la secuencia protocolaria de ritos de investidura con que inicia su primer mandato como presidente del Gobierno. Por tanto, a partir de esas primeras señales emitidas por el taciturno Rajoy, ya puede formularse un primer juicio provisional (a riesgo de caer en el prejuicio) sobre la naturaleza de su presidencia, resumible en ciertos rasgos característicos. Y el primero de todos que predomina sobre los demás es el marcado presidencialismo que va a presidir (valga la redundancia) su ejecutoria.

En esto Rajoy no resulta original, pues todos sus antecesores incurrieron en el vicio presidencialista. Y es que quizá no pueda esperarse otra cosa, pues como ha señalado el constitucionalista Manuel Aragón (actual magistrado del TC), nuestro sistema se caracteriza por ser un parlamentarismo presidencialista. También Josep María Colomer, el más citado analista de nuestra ingeniería constituyente, ha constatado la ilimitada concentración de poder que nuestro sistema deposita en las manos del presidente del Gobierno una vez que obtiene su investidura. Sobre todo cuando alcanza la mayoría absoluta a escala estatal y autonómica, convirtiéndose de facto en dictador electo sin ninguna limitación de poder. Es el caso de Rajoy, que concentra en sus manos la ilimitada autoridad burocrática no de un autócrata militar como fuera Franco pero sí de un déspota ilustrado tipo Ancien Régime.

Este monarca absoluto que es el 'káiser' Rajoy hace del secretismo la principal razón de Estado

Pero quizá debido a su carácter desconfiado, Rajoy ha acentuado el sesgo presidencialista de forma mucho más acusada, al decidir reservarse las potestades que sus antecesores delegaban en sendos vicepresidentes dotados de autonomía propia. Y ahora no hay tal, pues la valida Soraya Sáenz solo es un alter ego de Rajoy, quien además ejercerá de facto la vicepresidencia económica recortando los poderes del ministro de Economía mediante su estrecho marcaje por los de Hacienda e Industria entre otros, todos ellos de estricta obediencia marianista. Zapatero dejó hacer a Solbes y a Salgado (que se reveló más competente de lo que parecía, como responsable del giro adoptado en mayo de 2010). También Aznar dejó hacer a Rato, igual que González dejó hacer a Boyer y a Solchaga. Pero en cambio Rajoy no parece dispuesto a dejar hacer a de Guindos. De modo que, en ausencia de un zar que asuma con rigor profesional la responsabilidad económica, se impondrá el presidencialismo discrecional de Rajoy.

De este sesgo presidencialista se deriva otro rasgo ciertamente preocupante que me atrevería a denominar como arbitrariedad o inclinación al abuso de poder. La primera decisión ejecutiva que tomó Mariano Rajoy fue denegar a Amaiur (la primera fuerza política vasca) el derecho a constituir un grupo parlamentario propio mientras se lo toleraba a UPyD, lo que no deja de ser un atentado contra la debida imparcialidad (principio de igualdad ante la ley). Por lo demás, nada dijo en su discurso de investidura en materia de lucha contra la corrupción política, lo que viniendo del líder del partido que alimentó la trama Gürtel no deja de resultar sospechoso. Y cuando Rosa Díez se lo reprochó en el debate, Rajoy le respondió haciéndose el ofendido, cuando su práctica reciente ha consistido en amparar y encubrir a imputados como Camps, Fabra y compañía. A todo lo cual se añade el nombramiento como ministros de Ana Mato y José Manuel Soria.

Y también hay que destacar como rasgo ultra presidencialista la elección del oscurantismo y la opacidad como política informativa. Este monarca absoluto que es el káiser Rajoy no se ha creído obligado a precisar su programa de gobierno para fijarlo en objetivos concretos susceptibles de control y evaluación pública. Y tampoco se digna enfrentarse a conferencias de prensa para rendir cuentas ante la ciudadanía, función que delegará en la misma portavoz que controla los servicios de información. Lo cual revela una concepción del poder que hace del secretismo (los arcanii imperii) la principal razón de Estado.

Todo esto deja a la cuestión territorial como el único factor capaz de limitar políticamente (aunque no parlamentariamente) el poder absoluto del presidencialismo marianista. En efecto, los actuales resultados electorales (mayoría soberanista en Cataluña y Euskadi, próxima derrota socialista en Andalucía) han devuelto el mapa español al modelo previsto en la Constitución: dos nacionalidades autónomas y 15 regiones gobernadas por el partido estatal hegemónico. ¿Y qué hará Rajoy para resolver el desafío confederal? ¿Delegar en el andaluz Montoro para que rechace el pacto fiscal que demanda CiU, imponiendo otras LOFCA y LOAPA a modo de nuevo café para todos?