Muchos barcos, pocos peces

La alarma se ha disparado en los caladeros. Tres de cada cuatro poblaciones de peces en el mundo se hallan sobreexplotadas; el 83% en aguas del Mediterráneo y el 63% en el Atlántico. El 53% de los caladeros se hallan totalmente explotados, un 28% explotados con exceso, un 3% agotados, el 1% en proceso de recuperación y solamente un 12% están correctamente explotados. Un panorama similar se registra en aguas de la Unión Europea.

Con ligeros cambios en las valoraciones que hacen diferentes organismos de investigación sobre el estado de los caladeros, esta sería la situación en la que se hallan los recursos ante la inexistencia de una política de sostenibilidad para las pesquerías. Sobran barcos para las posibilidades de capturas. Pero lo más grave es que en unos casos no existe y en otros no se aplican los suficientes mecanismos de control para evitar la proliferación de las pesquerías ilegales, no reguladas ni reglamentadas que están recortando la pesca de hoy y ponen en peligro la del mañana. Se trata de una situación que preocupa en el seno de los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que aboga por unas pesquerías responsables, pero también en el marco de la Unión Europea, donde el desarrollo en las últimas décadas de una Política Pesquera Común tampoco ha sido suficiente para evitar el deterioro de los caladeros.

España es el tercer importador de pescado por detrás de Japón y EE UU

Los acuerdos con terceros países son claves para la actividad de la flota

Esta situación, muy negativa para el sector pesquero, ha sido y es especialmente grave para España por tres razones: exceso de barcos y de capacidad de pesca, fuerte demanda de pescado y falta de caladeros. La consecuencia de todo ello ha sido el fuerte ajuste de la flota, la necesidad de pescar en caladeros de terceros países y en aguas internacionales y la necesidad de acudir a elevadas importaciones para atender esa demanda interior.

En este contexto, la flota pesquera española ha experimentado un duro ajuste que, desde el ingreso en la UE, ha supuesto reducir el potencial a la mitad, la mayor parte por desguaces, junto a la exportación de barcos a otros países. La flota ha pasado en el mismo periodo de casi 20.000 a poco más de 10.600 barcos.

Con un consumo per cápita superior a los 40 kilos al año, España es uno de los países con mayor demanda de productos de la pesca en el mundo, solo por detrás de algunos países asiáticos. Esta fuerte demanda coincide con el hecho de que hace ya muchos años que los caladeros propios se quedaron cortos para abastecer las necesidades de su demanda. Ello, junto a la extensión de las aguas territoriales a las 200 millas, obligó en los años setenta del siglo pasado a la Administración española a la búsqueda de nuevos caladeros mediante acuerdos con terceros países o con cuotas de capturas en aguas internacionales. Esta situación se ha mantenido desde el ingreso de España en la Unión Europea, que mantienen acuerdos con casi una veintena de países, junto con las cuotas de pesca en aguas de diferentes organizaciones regionales de pesca. En la actualidad, de los aproximadamente 10.600 barcos que forman la flota pesquera española, unos 10.200 faenan en aguas nacionales, 164 en aguas comunitarias -eran 300 los que había en 1986- y otros 250 en terceros países y en aguas controladas por organismos internacionales.

Todo ello supone que dos terceras partes de las capturas de los pesqueros españoles proceden de caladeros exteriores, pero, sobre todo, que las mismas se quedan muy lejos para atender la demanda. España importa anualmente 1,6 millones de toneladas de pescado, con un valor aproximado de 5.000 millones de euros. Según datos de la FAO, España es el tercer país importador de productos de la pesca, solo por detrás de Japón y de Estados Unidos.

Un dato significativo es el origen de las importaciones. La parte más importante procede de países con los que la UE ha mantenido o mantiene acuerdos: Argentina, Namibia, Sudáfrica, Mauritania, Marruecos... En unos casos, esos países han optado por renunciar a la política de acuerdos para capturar ellos sus propios recursos y exportar los mismos a los países más desarrollados, como sería el caso de Namibia. En otros, como el de Marruecos, con el acuerdo sin prorrogar, cada cuatro años son mayores las exigencias en materia de compensaciones, mientras se reducen las posibilidades de pesca. Otra parte muy importante de las importaciones españolas de pescado procede casualmente de otros países comunitarios que han aumentado sus capturas en aguas de la UE a la vez que votaban a favor de un ajuste de las posibilidades de pesca españolas aplicando la llamada política de estabilidad relativa.

Al margen de los intereses políticos y comerciales que concurren en el desarrollo de las políticas de pesca, el eje de los problemas radica, sin embargo, en el progresivo deterioro de los caladeros en todo el mundo. Ejercer el control en aguas internacionales y en terceros países es difícil, en la mayor parte de los casos por falta de medios, y no se ha puesto coto a la actividad de los barcos ilegales bajo banderas de conveniencia.

Pero, salvando las distancias, el problema del control de las pesquerías y del mantenimiento de los recursos se repite en los caladeros comunitarios. Fruto de la preocupación por el estado de los caladeros, Bruselas trata de implantar, una vez más, una Política Pesquera Común mucho más dura según la propuesta de reforma actualmente a debate y que se quiere aplicar antes de 2013. La comisión propugna eliminar totalmente los descartes desde 2016 y, sobre todo, que los niveles de capturas se limiten al Rendimiento Máximo Sostenible desde 2015.

Desde el sector se acepta la implantación de estas exigencias, pero con unos plazos de aplicación más amplios para lograr un equilibrio entre los recursos y las necesidades de la flota, siempre sobre la base de datos científicos más fiables que los actuales.