Cataluña retrasa los pagos del IRPF y las cotizaciones sociales al Estado

El Gobierno catalán está haciendo acopio de todos los recursos a su alcance para pasar como pueda los últimos días de diciembre y denunciar, al mismo tiempo, los impagos del Gobierno central. Además de aplazar las deudas a proveedores y la retribución navideña de los empleados públicos, la Generalitat ha retrasado el pago de las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y las cotizaciones de la Seguridad Social al Gobierno central. El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, lo definió como un "cierre de cajas transitorio", en referencia a las demandas de insumisión fiscal con el Estado que le exigen grupos parlamentarios como ERC e ICV-EUiA hasta que reciba los 759 millones de euros correspondientes a la liquidación de la disposición adicional tercera de 2008 que la exvicepresidenta Elena Salgado les negó.

La oposición culpa a la Generalitat de "improvisar" con la tesorería

Una portavoz del departamento que dirige Mas-Colell explicó que los aplazamientos de las retenciones del IRPF están acordadas con el Ministerio de Hacienda, que aceptó que la Generalitat abone las cantidades correspondientes a noviembre el próximo 20 de enero, en lugar de este mes. El Ejecutivo de Artur Mas tratará de hacer lo mismo con las cotizaciones sociales de sus empleados. Antes del 31 de diciembre debe transferir las cuotas de octubre, pero está negociando con Hacienda trasladar esos pagos a enero, según la Generalitat. A pesar de que el departamento que dirige Mas-Colell considera viable alcanzar un acuerdo en breve, asegura que, en caso de no conseguirlo, decidirá no abonarlas hasta enero aunque deba enfrentarse a la sanción y el pago de intereses correspondientes. Además, agregaron, el Gobierno central tiene la última palabra de todos modos, puesto que puede retener esa deuda a través de los anticipos que le transfiere mensualmente.

La izquierda, en la oposición, criticó duramente las últimas decisiones del Gobierno catalán en referencia a las nóminas de los funcionarios. Todos los grupos, excepto CiU y PP, acordaron ayer llevar el caso al Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que vela por el cumplimiento del Estatuto catalán. Iniciativa per Catalunya entiende que el decreto por el que se retiene el IRPF a los funcionarios antes de pagárseles la extra de Navidad "establece una especie de estado de excepción de los derechos laborales", porque suspende parcialmente los acuerdos sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario. El presidente Mas se disculpó ayer ante los funcionarios -"estas cosas no deberían pasar", dijo- pero no prevé corregir la medida. Todos los partidos criticaron la "improvisación" del Gobierno de Cataluña en materia de tesorería.