El Gobierno presiona a las Diputaciones para luchar unidas contra el fraude fiscal

El Gobierno no tira la toalla ante la posibilidad de disponer en 2012 de un plan contra el fraude fiscal que implique a todas las instituciones vascas. El lehendakari, Patxi López, está intentando, por todos los medios, que las tres Diputaciones se avengan a cumplir por vez primera la Ley de Coordinación y Armonización Fiscal en el apartado que prevé la organización de planes conjuntos de inspección contra el fraude. El último asalto de este año se celebrará mañana en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) que está convocado y tiene previsto reunirse mañana en Vitoria para empezar a estudiar las propuestas de cada institución foral y cotejarlas con las del Gobierno en materia de fraude fiscal.

La recaudación cae un 2,7% en los 11 primeros meses del año

De la oposición inicial de las tres instituciones forales, cuando estas tenían al frente diputados generales del PNV, -hasta mayo cuando se celebraron las elecciones municipales y forales en las que perdió las de Álava y Gipuzkoa- se ha pasado a una situación en la que, aunque sigue habiendo reticencias, Bildu que Gobierna en Gipuzkoa y el PP, que dirige la alavesa, parecen dispuestos a pactar algún tipo de mecanismo para luchar de manera coordinada contra quienes eluden la obligación de pagar sus impuestos.

Las principales reticencias se centran en los dirigentes de la diputación de Bizkaia, que rechazan avanzar en un sistema conjunto que permita disponer de un mayor y más coordinado sistema de control de algunos colectivos. Las principales bolsas de fraude están en el IVA, entre los profesionales liberales, en quienes hacen una doble tributación por IRPF y Sociedades y en los contribuyentes con varios puntos de tributación.

El Gobierno vasco espera que Bizkaia, al igual que tuvo que modificar su resistencia inicial a subir los impuestos, acabe siendo permeable a un pacto entre todas las administraciones de hacienda afectadas, incluida de la Comunidad Foral de Navarra y la Agencia Tributaria que gestiona los impuestos en territorio común. Un pacto cuyo principal objetivo es aflorar una parte de los 2.500 millones que el Gobierno estima se quedan fuera de los circuitos tributarios vascos.

Hace ahora un año el lehendakari propuso a los diputados generales la elaboración de un Plan Integral que incorporara campañas conjuntas, que aumentara la transparencia en materia tributaria, con un informe anual de gestión e inspección que se publique justo al año siguiente de su realización, y la interconexión informática entre las bases de datos de contribuyentes para permitir un seguimiento más efectivo de los defraudadores.

El Partido Popular, socio preferente del PSE, fue el más sensible, inicialmente, a las demandas del Gobierno. En un documento entregado al lehendakari por el diputado general alavés, Javier de Andrés, se mostraba dispuesto a avanzar en varias líneas. De Andrés aceptaba que la elaboración de planes de inspección conjuntos podría mejorar la efectividad de la lucha contra el fraude, y proponía la revisión trimestral en el OCT de los aplazamientos, fraccionamientos y garantías de las deudas tributarias. Pero además era partidario de ir más allá en el intercambio de información tributaria y acceso a datos bancarios entre todas las Administraciones, aunque también tenían muchas dudas sobre la interconexión on line de las bases de datos -aunque fuera sólo para inspectores de primer nivel-.

Ahora el intercambio de datos sólo se realiza a demanda, es decir, en casos de investigación administrativa, judicial o policial. Álava también era partidaria de firmar un convenio con la Ertzaintza para ir más allá en los casos, cada vez más comunes de delitos fiscales. La propuesta del lehendakari se basa en que con una mayor presión sobre los defraudadores fiscales no sería necesaria elevar tanto la presión tributaria a través de los impuestos directos como el IRPF, Sociedades o el de Patrimonio.

Ayer mismo se conoció que la recaudación de las tres Haciendas forales en concepto de tributos concertados sigue a la baja. Ascendió entre enero y noviembre pasados a 10.190,4 millones de euros, el 2,7% menos que en el mismo periodo de 2010.

En concreto, la Diputación de Bizkaia recaudó entre enero y noviembre 5.620,3 millones, la de Gipuzkoa 3.039,9 millones y la de Álava 1.530,1 millones.