La revolución pendiente de la patronal

A Juan Rosell le ha llegado el momento de actuar de forma contundente. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tiene todo a favor para abordar la revolución interna y configurar la patronal moderna, "del siglo XXI", que incluyó en su programa y viene predicando desde que asumió el cargo hace ahora un año. Y más allá de los cambios drásticos para los funcionarios y las nuevas modalidades de contratación que pide, mejor oportunidad no va a encontrar, con el cambio de Gobierno y los vientos de entendimiento que corren con los sindicatos.

Rosell lo dejó caer el miércoles en la junta directiva, aunque no entró en detalles ni nadie se los pidió. Pero ya lo ha hablado con los vicepresidentes, con mucha otra gente, y ha puesto a la tarea a un equipo al mando del secretario general, José María Lacasa. Se trata de una renovación desde abajo, partiendo de un presupuesto base cero; es decir, como si la organización comenzara su existencia. Para ello resulta imprescindible reducir gastos y vivir solo de las cuotas. Pero lo principal para Rosell es que supondría una profunda transformación del organigrama y del funcionamiento que se consolidó con José María Cuevas, con el que él precisamente no tuvo buena convivencia.

Rosell piensa que si la CEOE se reinventa, lo podrán hacer el resto de las patronales que hay en España. Algunas, incluso, ya han dado pasos en ese sentido, como la de automoción Anfac, la eléctrica Unesa o la de las cajas CECA. Cuenta, además, con el apoyo de instituciones como el Instituto de Empresa Familiar, el Consejo de la Competitividad, el Círculo de Empresarios o el Círculo de Economía; pero se encuentra con que una parte de la antigua estructura de la patronal, ligada todavía al ex secretario general Juan Jiménez Aguilar, pone trabas. Es, en este punto, en el que está obligado a demostrar que cumple lo que promete.

Pero, seguramente, eso no afecte a los órganos de representación que forman el comité ejecutivo (45 miembros), la junta directiva (210) y la asamblea general (más de 800), que parecen haber cobrado una nueva vertiente con mucho más debate que en esos tiempos pasados.

Dentro de esta reforma se encuadra la aprobación -por mayoría y no por unanimidad- en la citada junta de un acuerdo entre la CEOE, Cepyme y el Consejo Superior de Cámaras. El acuerdo, expresado en un documento firmado por sus presidentes (Rosell, Jesús Terciado y Manuel Teruel), se elevará al nuevo Gobierno de forma inmediata para que tenga en cuenta sus peticiones en la nueva normativa sobre Cámaras.

El documento pide que, mientras no se promulgue esa nueva legislación, se mantenga el statu quo de las cámaras. Asimismo, "considera necesaria" que la normativa se base en su mantenimiento como corporaciones de derecho público, actualizando los servicios que han de prestar, y en la necesidad de que, en cada territorio, la cámara o los consejos autonómicos de cámaras y la organización empresarial correspondiente a ese territorio "acuerden las funciones que se han de desarrollar y su complementariedad". Como remate, solicitan "que las organizaciones empresariales, como instituciones representativas del mundo empresarial, tendrán una presencia significativa en las Cámaras de Comercio".

Este sería el paso de más enjundia, que originó un intenso debate el miércoles. Hay unas 15 cámaras pequeñas cuyas relaciones con la patronal territorial es mala. De momento, parece haberse pactado un periodo de calma a la espera de la nueva ley. El planteamiento de Rosell consiste en hacer una ley que adapte las cámaras, dándolas contenido; pero no de disolverlas. Las cámaras prestarían unas funciones específicas y gestionarían servicios en beneficio de las empresas, dejando la representación a las patronales. Al final, eso llevaría a que los presidentes de las cámaras serían los mismos que los de las patronales, como ocurre por ejemplo en Madrid con Arturo Fernández, o en Asturias, con Severino García Vigón (en este caso con la Cámara de Oviedo) y otras, como Cataluña y Andalucía, están de acuerdo con el cambio.

A favor juega que el panorama actual para las cámaras augura un futuro muy negro desde que se anunciara el cambio legislativo cuya principal consecuencia es la supresión de la cuota cameral obligatoria para las empresas. El presupuesto va cayendo dramáticamente año a año (280 millones en 2008; 191 este año y 65 para 2012) y provocará que de las 85 cámaras actuales, donde trabajan 3.300 personas, desaparezca un buen ramillete de ellas.