La oposición exige los papeles de Nóos que el Consell niega desde 2006

Los grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes han exigido nuevamente al Consell los papeles relacionados con el Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin. Una documentación que el Gobierno valenciano ha negado sistemáticamente desde el año 2006.

El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes, Ignacio Blanco, criticó ayer que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sea "tan opaco" como su antecesor Francisco Camps en esta cuestión.

La documentación solicitada está referida a la organización por parte del Instituto Nóos, que presidía entonces el duque de Palma, de tres ediciones de unas jornadas denominadas Valencia Summit en los años 2004, 2005 y 2006 y al convenio firmado entre el Gobierno de Francisco Camps y la institución de Iñaki Urdangarin para preparar la candidatura de Juegos Europeos que nunca se llegaron a celebrar.

Socialistas, EU y Compromís quieren ver los expedientes relacionados

Blanco aseguró ayer que "el impedimento a la tarea de control que realiza la oposición deja patentes dos cosas: el miedo del Consell a mostrar un expediente que posiblemente demuestra las irregularidades en los pagos a Iñaki Urdangarín y, por otro lado, que la transparencia de la que se jacta Fabra es una mentira, porque la opacidad en las instituciones en las que el PP gobierna continúa siendo la norma". El diputado de Esquerra Unida acusó al PP de recurrir "de nuevo a la vieja excusa de no dar la documentación esgrimiendo que ésta está en manos de la Justicia"."Ahora nos encontramos con la misma justificación, y por lo tanto con la misma opacidad, porque estos expedientes de las jornadas de Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006, tendrían que poderse consultar sin ningún impedimento", subrrayó Ignacio Blanco. Por estas jornadas, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia pagaron 3,7 millones de euros.

"El PP nos niega la documentación argumentando que están en manos de la policía judicial desde que ésta la requirió el pasado 7 de noviembre cuando visitó las oficinas de la empresa Ciudad de las Arts y las Ciencias (CACSA)", recalcó Blanco, que añadió: "Entendemos que la policía se llevó copia y que otra permanecerá en las oficinas, a la cual nosotros tenemos el derecho de acceder de acuerdo el artículo 12 del reglamento de las Cortes". Además de la incautación de documentación por parte de la policía judicial, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares interrogó a varios cargos y ex cargos del PP en el Ayuntamiento de Valencia y en CACSA, donde han sido imputados dos ex directores generales en el marco de la instrucción del caso Palma Arena.

Las exigencias de documentación por parte de la oposición se han redoblado tras descubrirse, a raíz de la investigación del caso Palma Arena, que el Gobierno de Francisco Camps se comprometió a pagar al Instituto Nóos un total de seis millones de euros por los estudios destinados a preparar la candidatura de unos Juegos Europeos en Valencia.

En este convenio, firmado en diciembre de 2005, el Consell se comprometió a pagar a la entidad que presidía Iñaki Urdangarin 4,8 millones de euros por gastos corrientes y 1,2 millones por gastos de inversión en 2006 y 2007, sin descartar que el acuerdo se pudiese prorrogar.

Para su financiación, la Consejería de Economía, autorizó una adenda al convenio en el que se estableció una subvención nominativa en 2006 de tres millones de euros. Finalmente, solo se pagaron 382.000 euros y se desistió de la iniciativa sin muchas explicaciones. La idea de celebrar unos Juegos Europeos partió de una empresa denominada Lobby Comunicación, cuyo propietario puso en contacto a Camps con Urdangarin.

Presidencia de la Generalitat insistió el viernes en que las subvenciones se abonaron previa presentación de las facturas, que incluyeron gastos tan diversos como planes de comunicación de diferentes disciplinas deportivas, trabajos de asesoría fiscal y laboral, abono de una parte de las nóminas del personal contratado por Nóos, viajes, hoteles, alquileres, papelería, etc. Una documentación original que obra en poder de la policía judicial que investiga el caso Palma Arena y de la que, según fuentes de la Generalitat, no ha quedado copia en los archivos oficiales. Las mismas fuentes insistieron en que toda la facturación fue visada por la intervención general de la Generalitat, pero no descartaron que Nóos pudiese haber endosado algún gasto de difícil comprobación. "Es difícil saber si la factura de un ordenador, por ejemplo, se pasó a la vez en Baleares y en Valencia", admitieron.

Motivo que ha llevado al presidente del Consell, Alberto Fabra, a dar orden a los servicios jurídicos de la Generalitat de que estudien las posibilidades de personarse en el caso Palma Arena, que se instruye en Baleares, si se confirma que hubo perjuicio económico para las arcas públicas. Tal y como ha hecho ya el Gobierno balear que preside el popular José Ramón Bauzá.

Los socialistas, que han interpelado sin éxito al Consell desde 2006 sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos, han vuelto a reclamar copia completa de toda la documentación a través de su diputada Eva Martínez. Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha exigido también acceso a los contratos firmados para la celebración del Premio de Fórmula Uno, el Open 500 de tenis y la Global Champion Tour de Hípica. Los responsables de las empresas que han organizado la competición de tenis y la de hípica también han tenido relación empresarial con el duque de Palma.