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Reportaje:

La reforma concursal, con las uvas

Los expertos critican la nueva norma que entra en vigor el 1 de enero por no regular el sobreendeudamiento de particulares y por reducir el número de administradores

La avalancha de empresas que han caído arrastradas por la crisis que comenzó en 2007, y que amenaza con quedarse una buena temporada, ha colapsado durante los tres últimos años los juzgados mercantiles que tramitan los concursos de acreedores. Con la idea de adaptarse a los nuevos tiempos y subsanar algunos errores que había dejado la Ley Concursal, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de septiembre una reforma que entra en vigor el próximo 1 de enero. Dos expertos consultados por este periódico atribuyen a esta norma la ventaja de agilizar el proceso, pero critican que se ha desaprovechado la ocasión al no regular los casos de sobreendeudamiento de los particulares, la reducción del número de administradores concursales y que la potenciación de la refinanciación preconcursal beneficia a los bancos en detrimento del resto de acreedores.

Medio centenar de jueces y magistrad se ven esta semana para discutir la ley

Medio centenar de jueces y magistrados de lo mercantil se encontrarán esta semana, el 15 y 16 de diciembre, en Madrid para discutir los aspectos de la nueva normativa en un seminario organizado por la Fundación de Derecho Concursal (Fundieco). Este foro, el segundo de este tipo que tiene lugar, contará con 13 mesas redondas.

Carlos Nieto, magistrado titular del Jugado Mercantil número 1 de Madrid, es rotundo al criticar el olvido de la nueva norma sobre los particulares incapaces de pagar sus deudas. "¿Por qué a las personas jurídicas se les da la oportunidad de volver a empezar, pero no ocurre lo mismo con las físicas, a las que en muchos casos se les condena a la exclusión social?", se pregunta. Otros países como Alemania sí tienen una ley de sobreendeudamiento personal. "Considero que la reforma se ha convertido en una ocasión perdida", añade el administrador concursal y presidente de Fundieco, Pedro Martín Molina. Tramitada en el último pleno de la legislatura, Martín considera que se ha hecho "deprisa y corriendo" y que si hubiera habido tiempo para una lectura más sosegada se podrían haber mejorado aspectos discutibles.

Es necesario conocer el creciente volumen de suspensiones de pagos que afrontan los juzgados para calibrar la importancia de esta norma. Según un estudio elaborado por la empresa dedicada a la elaboración de información comercial Informa D&B, entre enero y noviembre se declararon 5.591 concursos, un 13% más que en el mismo periodo del año pasado. El Consejo General de Colegios de Economistas estima que el número de concursos ascenderá este año a 7.000, una cifra que nunca antes se había alcanzado.

Ante la manifiesta falta de recursos humanos y materiales que sufren los juzgados mercantiles, la ley quiere facilitar que los acreedores puedan comunicarse con el administrador concursal por vía electrónica para dar a conocer sus créditos. "Antes se daba la paradoja de que un solo error al elaborar la lista de acreedores del informe emitido por el administrador concursal obligaba a presentar una demanda incidental, lo que retrasaba mucho el proceso. Ahora se comunica por correo electrónico", explican el administrador concursal Martín Molina y el magistrado Nieto, que recuerda el caso de un expediente que sufrió importantes retrasos porque alguien se equivocó al escribir una cifra con un cero de más.

Otra de las medidas con las que la ley quiere desatascar los procesos concursales es reducir el número de administradores. Se pasa así de los tres actuales -o uno en los procesos abreviados- a uno -o dos en casos excepcionales-. "En estos procesos hacen falta muchos medios técnicos y va a ser muy difícil hacerlo con un solo administrador. Siendo tres, podía haber uno que fuera economista y otro abogado, con lo que complementaban sus conocimientos profesionales", explica Martín Molina y corrobora el juez Nieto, que además critica que la falta de medios se subsane tan solo dando más poder a los administradores. "Hace falta la voluntad política de dotar de más medios a los juzgados mercantiles. ¿Qué sentido tiene que un juzgado de primera instancia de Hospitalet de Llobregat tenga los mismos medios que el Número 1 Mercantil de Madrid", se pregunta.

Sobre las críticas a los altos emolumentos que cobran los administradores concursales, los dos profesionales responden que la dificultad de los procesos que llevan obligan a unos costes muy elevados. "En el caso de Forum Filatélico se tuvo que contratar a más de 30 personas y alquilar unas oficinas para que trabajaran. Es cierto que en algunos concursos se cobra más de un millón de euros. Pero creo que no es una cantidad significativa en casos en los que el pasivo es de 7.000 millones de euros y tiene 20.000 acreedores", añade Nieto.

Pese a que la norma entra en vigor en tan solo tres semanas, el PP ya ha manifestado que habrá que revisar algunos aspectos, sobre todo los relacionados con los pequeños y medianos empresarios. Estos y otros aspectos serán los que tratarán los magistrados, jueces, abogados, auditores, titulares mercantiles, economistas y otros profesionales que se verán las caras esta semana en el II Foro de Derecho Concursal. -

"Un traje a medida de la banca"

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma de la Ley Concursal que entra en vigor el próximo 1 de enero es el que atañe al proceso de refinanciación de deudas. La idea del legislador es facilitar esta figura para evitar en lo posible la suspensión de pagos, que en más del 90% de los casos acaba en la liquidación de la empresa. Pero varios expertos consideran que la nueva regulación de los denominados "institutos preconcursales" favorece demasiado a la banca en detrimento del resto de acreedores de la empresa en concurso.

La nueva norma introduce el concepto de fresh money o dinero fresco. Según esta figura, la mitad de los fondos que entren a través de la refinanciación que aporta la banca será considerado un crédito contra la masa -es decir, los que primero se pagan porque ni siquiera entran a formar parte del concurso-. La otra mitad será considerado como crédito privilegiado general -con ventajas a la hora de cobrar respecto a los ordinarios-.

Además, para evitar que una minoría de acreedores financieros disidentes pueda paralizar o entorpecer la suscripción de acuerdos de refinanciación, se establecen nuevas reglas de mayoría. Así, los bancos acreedores que representen al menos el 75% del pasivo financiero podrán imponer el acuerdo de refinanciación al resto. "Es una decisión nociva para el resto de acreedores y muy beneficioso para la banca. Se produce un mecanismo perverso. Se fomenta que la banca quiera refinanciar porque sabe que así está blindando su deuda", asegura el magistrado Carlos Nieto. Esta reforma avanza en el decreto ley aprobado en 2009, que avanzaba en el blindaje de los acuerdos de refinanciación de la ley de 2003. "Se trata de una reforma que descompensa la situación anterior dando demasiado beneficio a las entidades financieras. Se ha hecho un traje a medida de la banca, pensando en las grandes constructoras a las que está refinanciando", abunda Pedro Martín presidente de la Fundieco y administrador concursal. -

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de diciembre de 2011

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