Los Ayuntamientos buscan actuar contra los desahucios con medidas propias

La pretensión de luchar contra los desahucios desde la Administración pública ha calado también en el ámbito municipal. El Ayuntamiento de Getxo aprobó recientemente una moción impulsada por el PSE en la que se aboga por crear un servicio local de mediación con las entidades financieras para evitar el desalojo de familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca de sus viviendas. Se convierte así en el primer consistorio que recoge el guante que lanzó el propio lehendakari, Patxi López, durante la apertura del Año Judicial en octubre.

Al estilo del proyecto en el que ya trabaja el Gobierno vasco, la iniciativa municipal pretende ofrecer a los getxotarras un servicio temporal de asesoramiento letrado "a través de un gabinete especializado que, en última instancia, medie con los bancos para renegociar las condiciones de pago y evitar los desahucios". El portavoz municipal socialista, Luis Almansa, entiende que las personas que no pueden afrontar su hipoteca se encuentran entre las "principales víctimas" de la crisis, ya que a la pérdida de la casa se le suma el pago durante años de los intereses pendientes.

Getxo encabeza la batalla local frente a las ejecuciones hipotecarias

El Ejecutivo toma como ejemplo el trabajo en lugares como Cataluña

La moción salió adelante en el último pleno municipal con el voto favorable de PSE y Bildu, gracias a la abstención del equipo de gobierno peneuvista y del PP, segunda fuerza en número de concejales. El alcalde, el peneuvista Imanol Landa, expresó su solidaridad "más cálida" con los vecinos afectados y apostó por aportar una solución general al problema. Un reto ante el que garantizó "todo el empeño y la voluntad" municipal, aunque no matizó de qué modo se concretará, ya que se mostró contrario a una simple duplicidad del servicio que pretende ofrecer el Ejecutivo autónomo.

El Ejecutivo intensificó en octubre su labor sobre la materia. Tras el anuncio del lehendakari se puso en marcha una maquinaria que ha permitido conformar un grupo de trabajo conjunto entre las consejerías de Justicia y Vivienda, cuyo objetivo pasa por definir el futuro servicio de mediación. El titular del segundo departamento, Iñaki Arriola, concretó la pasada semana en el Parlamento que actualmente se está en fase de "concretar los contenidos, los procedimientos de acceso y las necesidades de recursos humanos, entre otros criterios". "Tenemos que ser prudentes", emplazó.

Tras analizar las experiencias desarrolladas ya en otras comunidades, como Cataluña, el Ejecutivo aspira a conformar dos comisiones de trabajo. La primera estaría integrada por letrados y economistas, y tendría como misión la elaboración de una propuesta de liquidación ordenada de la deuda contraída por parte de los ciudadanos para evitar su desahucio, tras realizar el inventario de su activo y pasivo. En la segunda estarían representadas las entidades financieras, que serían las encargadas de dar su visto bueno a la renegociación del préstamo propuesta por el Gabinete. Una idea que se plantea "sin coste añadido para el afectado ni graves perjuicios para los bancos".

No es la primera iniciativa en la que trabaja el Gobierno, que ya ha facilitado el acceso a pisos de alquiler a quienes han perdido su casa e incluso ha garantizado la recompra de las viviendas protegidas que se puedan ver afectadas por la morosidad de sus compradores, si es que estos se han quedado en paro.

La implicación institucional en la búsqueda de soluciones a los desalojos por impago de hipotecas llega tras la multiplicación del problema, que afecta ya a cientos de personas en Euskadi. Hasta el punto de que asociaciones como Stop Desahucios han exigido al Gobierno una negociación "inmediata" con la banca, ya que la situación actual es "grave" y todo apunta hacia un empeoramiento del escenario el año que viene. El propio Ararteko instó hace unos días a poner en marcha cuanto antes los mecanismos de mediación.