La caja cae víctima del control político, el 'ladrillo' y el despilfarro

La historia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) terminó definitivamente ayer tras una centenaria andadura que encaramó la entidad alicantina hasta el cuarto puesto en la lista de cajas españolas. La escalada en la clasificación financiera estatal de la CAM tenía pies de barro y en apenas el último año comenzó una vertiginosa caída libre que la ha llevado al desguace.

En el fondo del estrepitoso fracaso de la CAM subyacen tres argumentos: el sometimiento de la entidad a los caprichos en forma de dudosas inversiones del Gobierno de la Generalitat valenciana, la arriesgada apuesta por el sector de la construcción y el despilfarro de sus gestores, con pensiones y prejubilaciones millonarias. Este último capítulo lo lideran tres nombres propios: Modesto Crespo, expresidente del Consejo de Administración, y los antiguos directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós.

El desembarco de los interventores del Banco de España fue fulminante

El periplo de la CAM se remonta a 1875, cuando se constituyeron en España los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros. Pero no fue hasta el último cuarto del siglo XX cuando la entidad adquirió su configuración definitiva. En 1988 la caja adoptó la nomenclatura de Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Desde 1988 y hasta finales de 2009 la entidad vivió su periodo más boyante. Pero sus ejecutivos solo tenían ojos para dos objetivos: financiar sin rechistar los proyectos del Ejecutivo valenciano del PP y seguir engordando el negocio inmobiliario. El expresidente del Consejo de Administración, Modesto Crespo, era el encargado de complacer al Gobierno regional, no en vano llegó al cargo de la mano de su amigo, el expresidente Francisco Camps. Y mientras, el ex director general, Roberto López Abad, pilotaba la huida hacia adelante a lomos del ladrillo, pese a las advertencias de otros exdirectivos sobre las funestas consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Fue a finales de 2009 cuando el Banco de España comenzó a mirar con lupa cada movimiento de la CAM. La entidad, apremiada por el supervisor nacional, inició un tortuoso camino en pos de una fusión salvadora. Pero cada paso que daba destapaba, en paralelo, sus carencias y dejaba entrever su débil salud económica.

En el fallido proceso de fusión de la CAM hubo tres hitos destacados: primero el fracaso de integración con Caja Madrid, debido la oposición frontal del expresidente Camps; segundo los nones que recibió de su vecina Caja Murcia, a causa de un desencuentro por el control de la cúpula de la nueva entidad; y tercero, y definitivo en el declive de la entidad, su expulsión, el pasado mes de marzo, de la fusión fría con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. En el último minuto, los prácticamente ya nuevos socios de la CAM no se creyeron las cuentas que presentaba la entonces directora general, María Dolores Amorós.

A mediados de julio, la CAM vivió dos viernes negros. El primero, el día 15. La entidad cosechó un rotundo suspenso en las pruebas de solvencia a la banca realizados por la Unión Europea. En la mañana del viernes siguiente, y en medio de una rebelión de un sector del Consejo, Modesto Crespo abdicó y comunicó en una improvisada reunión del Consejo la decisión del Banco de España de intervenir la caja. Crespo entregó la cuchara sin autocrítica. Y eso sí, defendiendo a su mentor, Francisco Camps.

El desembarco de los interventores del Banco de España fue fulminante. Crespo, el único presidente de la entidad que ha tenido sueldo (300.000 euros anuales) y todo el Consejo de Administración fueron destituidos. Unos meses más tarde despidieron a la directora general, María Dolores Amorós, por asignarse una pensión vitalicia de 370.000 euros y falsear las cuentas, en concreto el balance del primer trimestre de este año. Su gestión está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Los interventores del Banco de España no pudieron hacer lo propio con otros ex altos cargos, entre ellos Roberto López Abad. Él y cuatro ejecutivos más se colaron en el ERE de la caja y se marcharon en la antesala de la intervención, con una prejubi-lación global de 12,8 millones de euros. Ninguno ha dado explicaciones desde su marcha. La Fiscalía Anticorrupción espera el informe final del Banco de España para emprender posibles acciones penales contra ellos.