Los 16 intrusos imputados en los ERE recurren los 4,8 millones de fianza

La fianza de 4.797.562,63 euros que la juez Mercedes Alaya -instructora del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía- ha impuesto a los 16 imputados a los que ha tomado declaración, tiene ya respuesta. Según han indicado a Efe varios defensores de los llamados intrusos, las cuantías serán recurridas con el argumento de que se limitaron a pedir una ayuda a la que creían tener derecho, y por lo tanto el único error es imputable a la Junta por concedérselo.

En un auto fechado el 30 de noviembre, Alaya repasa uno a uno a los 16 imputados y detalla el dinero que percibieron ilícitamente. A la cantidad percibida, la juez le suma un 30% para fijar la fianza. Las cantidades son mayores que las que solicitó la Fiscalía Anticorrupción el pasado 17 noviembre, que reclama para 14 intrusos un total de 2,85 millones de euros. El objetivo de la fiscalía es que la Junta pueda recuperar algún día los 10 millones de euros que se quedaron los 72 falsos prejubilados que han sido identificados.

La abogada Esperanza Lozano, que defiende a dos imputados de Camas (Sevilla) y militantes del PSOE, dijo ayer que sus clientes "no eran conscientes de actuar contra la ley" y se trataba de "gente humilde que creían estar percibiendo una ayuda de la Junta andaluza, sin ser conscientes de que estuvieran estafando ni obteniendo una ayuda ilícita". La letrada Carmen Julia García Mesa, que defiende a otro grupo de imputados, señaló que va a recurrir porque no es el momento procesal y porque sus clientes "pidieron una ayuda pública" cuya responsabilidad "es en todo caso de los políticos que la concedieron y no del que la pidió".

Además, esta letrada sostuvo que hay errores aritméticos a la hora de cuantificar las cantidades imputables a sus clientes, que son de 307.086 euros, 158.148 y 58.347 euros. Borja Ortas, abogado de un intruso residente en El Pedroso (Sevilla), indicó que es "impensable" que su defendido puede depositar la fianza de 584.976 euros que se le pide, habida cuenta de que "le concedieron una prestación de supervivencia" y, al igual que otros defensores, cree que "el error en cualquier caso fue de la Administración al concedérsela".

En otro auto también notificado el viernes, Mercedes Alaya vuelve a señalar a José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta y exconsejero de Economía. Este dijo respondió ayer: "Es imposible que la juez me impute nada porque no hay nada que se me pueda imputar". En una entrevista en Onda Cero, Griñán se preguntó si el PP de Javier Arenas "está buscando la verdad o haciendo política". Según él, resulta extraño que después de haberlo hecho público hace ocho meses sea ahora cuando el PP, como parte personada en el caso, le pida a la juez que investigue las modificaciones presupuestarias que permitieron ampliar la partida 31-L, (fondo de ayuda a empresas y trabajadores en crisis), cuando él era consejero de Economía del Gobierno andaluz.