El Igape ayudó a la esposa de un alto cargo a la semana de crear su empresa
La mujer del alto cargo del Igape recibió ayudas distintas para proyectos idénticos
En el inicio de la lluvia de créditos del Igape a las empresas de Josefa Otero Río, la esposa del exsubdirector de ese organismo, Carlos Silva, imputado en la Operación Campeón, las formas estaban más o menos a salvo. Josefa Otero no figuraba con su nombre y apellidos en la lista de socios de Procesoil, la empresa que a principios de 2010 recibió una ayuda de 1,3 millones de euros del instituto de crédito del que su marido era responsable de Información Especializada, sino que era una sociedad formada con Humberto López García, Vector Digital, la que participaba en la misma. Y aunque Procesoil se constituyó solo unos meses antes de recibir la ventajosa subvención, Otero y López llevaban desde 2006 asociados en Vector Digital.
Josefa Otero obtuvo dos créditos millonarios con dos proyectos iguales
Su marido era subdirector del Igape y está imputado por el 'caso Campeón'
La ayuda, un préstamo al 0% de interés con un período de carencia de cinco años, se concedió al amparo del Plan de Reindustrialización de Ferrol de 2010. En el plan de 2011 no hubo tantas cautelas: Josefa Otero y Humberto López constituyeron ante notario y con sus nombres y apellidos Galimed Trata, cuyo objeto social era el tratamiento de residuos. Lo hicieron el pasado 15 de marzo, seis días antes de que el Plan Ferrol les autorizase un préstamo de 2.654.250 euros. En la misma orden del Igape en la que se reconoce esa ayuda figura otra empresa en la que Otero y López sumaban más del 40% del capital: Valorización de Residuos Gallegos, constituida no mucho antes, el 2 de febrero de este mismo año, apenas mes y medio antes de que se le concediese 2.673.479 euros. La esposa de Carlos Silva y su socio lograron así de una tacada 5,32 millones de euros en créditos. Josefa Otero, que vendió sus participaciones tras estallar la Operación Campeón, resta relevancia a estos datos. "No teníamos por qué constituir antes las sociedades", se justifica.
Aunque participaron en el reparto de las ayudas del Plan Ferrol 2011 con dos empresas distintas, los proyectos de Galimed y Valorización de Residuos Gallegos son prácticamente iguales. El primero es una "planta de tratamiento y valoración de residuos industriales y sanitarios", con una inversión de 5,30 millones de euros y la promesa de crear 11 empleos. La segunda presentó una "planta de valorización de residuos industriales" con una inversión de 5,30 millones y la creación de 10 empleos.
Las semejanzas no se acaban ahí. Los domicilios sociales de ambas empresas son contiguos (Polígono Industrial Río do Pozo, sector IV, rúa dos Muiñeiros, números 8 y 9) y el capital social era muy similar: 3.150 euros en el caso de Valorización de Residuos y 3.500 en el de Galimed. Y, lo que es más importante, la estructura de participaciones es casi idéntica. Cinco de los seis socios de Galimed lo son también de Valorización con participaciones semejantes. Josefa Otero aportó el 24,5% de Valorización y el 22% de Galimed, en tanto que Humberto López puso el 15% de la primera y el 14% de la segunda.
Para cerrar el círculo de las coincidencias en el entramado empresarial de Josefa Otero Río, Procesoil comparte domicilio social con Galimed Trata, a pesar de que es supuestamente una sociedad distinta, en la que la mujer de Carlos Silva y su socio Humberto López participan a través de Vector Digital.
Toda esta documentación está en manos de la juez de Lugo Estela San José, que instruye el caso Campeón, la presunta trama de corrupción en la concesión de ayudas públicas por la que están imputados tanto Carlos Silva como el exdirector del Igape, Joaquín Varela, entre otros. Tras ser apartados temporalmente de sus cargos, Varela renunció definitivamente, mientras que Silva fue rehabilitado por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, con un cargo de libre designación, el de técnico responsable de la Oficina Norte del Igape, desde la que gestiona actualmente la actividad del brazo inversor de la consellería en las provincias de A Coruña y Lugo.
Para tramitar ante el Igape la ayuda a Procesoil, esta empresa acudió a los servicios de Proitec, una consultora de la trama de Dorribo cuya plana mayor está imputada por la juez Estela San José también en el marco de la Operación Campeón. Además de los siete millones de euros concedidos a las empresas de Josefa Otero, su socio, Humberto López, logró un contrato adjudicado por Silva por 200.000 euros para asesorar al Igape. La presencia de López en la sede del instituto de crédito fue habitual a lo largo de todo 2010.
Con la información del subdirector
En los 12 meses que van de marzo de 2009 al mismo mes de 2010, las empresas de Josefa Otero, la mujer del exsubdirector del Igape Carlos Silva, imputado en la Operación Campeón, logró siete millones de euros en créditos del brazo inversor de la Consellería de Economía. Silva no concedió directamente estas ayudas -sí lo hizo con el contrato por 200.000 euros con el principal socio de su mujer, Humberto López-, pero, en su calidad de responsable de Información Especializada, manejaba datos de primera mano de toda cuanta ayuda ofrecía el Igape. Por ejemplo, de los ventajosos préstamos del Plan Ferrol, con 0% de interés, sin avales, con un plazo de cinco años antes de comenzar a devolver el dinero y otro de año y medio sin necesidad de justificar inversión alguna. Por lo general, se acogen a ellos grandes proyectos que acceden a otro tipo de ayudas, como subvenciones a fondo perdido. El entramado de Josefa Otero no lo hizo, evitando así mayores controles.
En su calidad de subdirector, Carlos Silva era uno de los abundantes cargos de confianza que copan buena parte de las plazas del Igape, el organismo de la Administración autonómica con más puestos superiores de técnico. Frente a los apenas 15 empleados como funcionarios o personal laboral que emplea el Igape, hasta 85 personas ocupan plaza en puestos superiores y técnicos, lo que no impide al organismo que ahora dirige Javier Aguilera, en sustitución de Joaquín Varela, externalizar buena parte de sus trámites de ayudas y subvenciones. Destituido como subdirector, Carlos Silva ocupa ahora otro puesto de libre designación en la oficina de A Coruña.
