¡Se puede hacer una televisión pública viable!

El negocio audiovisual no es ajeno a la gran crisis económica que vive nuestro país. De hecho, tras dicha crisis se ha escondido una durísima reconversión del sector -favorecida por una nueva legislación poco afortunada-, la renovación tecnológica y la incorporación de nuevos factores de competencia que, con la aportación de la TDT, han sido especialmente acusados en España. Por eso puede decirse que hoy ya nada es igual que antes. Las industrias del cine, la televisión y los servicios audiovisuales se han transformado.

En este nuevo contexto, la televisión pública debe tener un lugar propio y una función específica que, creo, aún están por precisar. Si esta se delimitara, podría contribuir incluso como elemento estabilizador del conjunto del sistema audiovisual nacional. Sin embargo, en la actualidad sirve más bien para lo contrario: padece una clara sobredimensión, y es inevitable que su propia desmesura altere artificialmente el equilibrio del mercado y descompense las relaciones de oferta y demanda, porque no hay una reglamentación nítida que limite la financiación, aunque se prescinda de la publicidad. Este desequilibrio ha provocado una metamorfosis en el negocio audiovisual que incluso ha tenido como consecuencia el cierre de algunas productoras o las dificultades financieras de otras.

El sector privado ya se ha transformado; ahora es el turno del sector público televisivo

La externalización de servicios es la manera más eficiente de minimizar los costes

Al hilo de todos estos cambios, y en un momento marcado por el anuncio de recortes en servicios públicos esenciales, creo que debemos plantearnos cuál debe ser el papel de las televisiones públicas en el actual entorno.

No se trata de suprimir las televisiones públicas, como algunos proponen. La televisión pública en España es garante de una sociedad plural que los ciudadanos hemos decidido como modelo necesario de convivencia. La transmisión de la cultura no puede dejarse exclusivamente en manos de la iniciativa privada (cuyos fines están más relacionados con el beneficio económico de sus actividades). Sin embargo, creo que es el momento de centrar claramente cuál es su papel y definir un modelo sostenible para asegurar su rentabilidad. Ahora, lo que se requiere es afrontar los temas para empezar desde cero y dejar atrás el pasado. Hay que determinar claramente cuál es el tamaño y el contenido ideal de las televisiones públicas, como ya se ha hecho con TVE, donde se ha avanzado mucho en ese sentido. Y lo que es más importante, se tiene que asegurar una posición clara en cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por todas las partes implicadas en el proceso de cambio.

Parece claro que ha terminado la era de las concesiones administrativas, de la regulación de potencias y de frecuencias. El espectro deja de ser un bien escaso, porque la red nos abre los canales que necesitemos. Y algunos canales se han quedado en el camino debido a la fragmentación de las audiencias. En este contexto, las televisiones privadas persiguen el objetivo de captar audiencias relevantes para poder traducirlas en ingresos publicitarios. Mientras, el objetivo de la televisión pública parece más centrado en proveer a la sociedad de un bien cultural e informativo. Sin embargo, ambos objetivos, privados y públicos, deben intentar conquistarse con un uso racional de los recursos. En el primer caso, los aportados por los accionistas de la compañía. En el segundo caso, por el contribuyente, sobre el que ya pesan importantes cargas. Intentar aligerar esta carga de manera relevante y rápida debería ser el objetivo de todo gestor público.

Por tanto, el aspecto crucial que determina ahora el éxito de cualquier operador televisivo es el de la optimización de su estructura de costes, donde los procesos de externalización de las áreas operativas son cada vez más determinantes. Una vez más, consiste en verificar el viejo axioma de que un especialista siempre rinde más en el campo de su especialidad que un generalista, cuyo foco ni está ni debe estar ahí. Con estas premisas, el papel que juegan las compañías de servicios audiovisuales es determinante para lograr unas televisiones más rentables.

Así, se hace obligatorio reflexionar sobre la necesidad de replantear el modelo de negocio de la televisión pública, una vez comprobado que el modelo actual es claramente deficitario. Según cálculos del sector, se podrían externalizar alrededor de la tercera parte de los costes actuales de las cadenas públicas. Externalizar supone en algunos casos ahorrar a corto plazo entre un 30% y un 40% de la factura de algunas áreas auxiliares. El gasto de las televisiones públicas de este país (autonómicas y nacionales) suma más de 2.600 millones de euros. Estamos hablando, por tanto, sin tener en cuenta la compra de contenidos, de un ahorro de costes de entre 700 y 1.000 millones de euros anuales. Debemos ir hacia una televisión pública con una dimensión razonable y ajustada a las condiciones actuales del mercado, tal y como ya ha ocurrido en alguna televisión local. Con ello se conseguiría una televisión pública capaz de cumplir con su fin social y con una importante rebaja en la factura fiscal del ciudadano. Dicho de otro modo, la televisión pública convertida en, finalmente, viable.

La televisión pública tiene sentido si su cuenta de resultados, como la de cualquier otro negocio, se puede interpretar en función de la rentabilidad, si bien esta no tiene por qué ser solo económica. Para ello es imprescindible distinguir lo que es titularidad pública de lo que es gestión pública. Si las televisiones autonómicas externalizan gran parte de su actividad en la búsqueda de nuevos modelos de gestión -lo que no incompatibiliza con mantener una dirección efectiva-, se pueden hacer viables.

El alivio en las tensiones que provoca la financiación de las televisiones sería un importante logro para cualquier gestor de cuentas públicas. La experiencia demuestra que la externalización de servicios es la manera más eficiente de minimizar los costes en dichas cadenas. Solamente hace falta la voluntad empresarial y política para lograrlo. No afrontar la situación está complicando el futuro de las televisiones públicas y perjudicando a todo el sector audiovisual que trabaja alrededor de ellas. El sector privado ya se ha transformado, con fusiones entre las televisiones o externalizando servicios, y ahora es el turno del sector público televisivo, que también debe asumir la nueva situación.

José María Irisarri es presidente de Vértice 360º