Alaya impone 4,8 millones de fianza para 16 imputados en los ERE
La instructora dice que los beneficiados pertenecen a "círculos próximos al PSOE"
La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, ha decidido que 16 de los imputados a los que ya ha tomado declaración presenten fianzas para hacer frente a las futuras responsabilidades pecuniarias por el cobro irregular de las ayudas. De momento, impone fianzas por un valor total de 4.797.562,63 euros.
La mayor es para Carmen García Sánchez, propietaria del restaurante sevillano Río Grande. La juez le pide 1,99 millones porque, según Alaya, su responsabilidad es mayor que la del resto de intrusos que presuntamente se lucraron al ser incluidos en los ERE. Según la magistrada, gracias a su "condición de empresaria", supuestamente logró beneficiarse ella y ayudó a que otros se lucraran incluyéndolos en el ERE de su empresa. La magistrada señala que, además, esta imputada reconoció durante su declaración judicial que "su economía estaba lo suficientemente saneada como para hacer ella misma frente al millón y pico de euros cuyo pago asumió la Junta; concretamente y en principio, según la póliza, 1.431.359 euros",
La juez vuelve a señalar a Griñán por las modificaciones presupuestarias
Alaya, en un auto fechado el 30 de noviembre, repasa uno a uno a los 16 imputados y detalla el dinero que percibieron ilícitamente. A la cantidad percibida, la juez le suma un 30% para fijar la fianza. Las cantidades son mayores que las que solicitó la Fiscalía Anticorrupción el pasado 17 noviembre. El ministerio público reclamaba para 14 de los intrusos de los ERE un total de 2,85 millones de euros. El objetivo de la fiscalía es que la Junta de Andalucía pueda recuperar algún día los 10 millones de euros que se quedaron los 72 falsos prejubilados que se han identificado hasta el momento.
Alaya hace en su auto un pequeño resumen del caso para justificar la imposición de la fianzas. Señala que, a través de las fianzas, busca la devolución de las "ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público con la autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta de Andalucía y con la intermediación de distintos personajes (...) y todo ello para favorecer a amigos, familiares y en definitiva círculos próximos al PSOE".
La magistrada también alerta de que, de momento, está en la base de esta trama. Avisa que, "a medida que la instrucción avance" y se tome declaración a "actores de posiciones más relevantes" -Alaya ha imputado ya a un exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, y al exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero- las medidas cautelares serán mayores. El objetivo es que se consiga reintegrar "la mayor parte de las enormes sumas de dinero que presuntamente se regalaron arbitrariamente y sin control alguno por la Administración autonómica".
En otro auto también notificado ayer, la juez vuelve a señalar a José Antonio Griñán, presidente de la Junta y exconsejero de Economía. Alaya reclama a la Junta que en 10 días envíe los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda -fecha en la que el responsable del departamento era Griñán- sobre modificaciones presupuestarias para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno para "dotar de la tesorería" necesaria al organismo público de la Junta, la agencia Idea, que se encargaba de tramitar las ayudas del fondo de los ERE.
Confusión entre partido y Administración
Mercedes Alaya soltó ayer tres autos. La instructora se adentra en una curiosa confusión en el fechado el 1 de diciembre. En un anterior auto, que la magistrada notificó en plena campaña electoral, reclamó al PP información sobre uno de los expedientes investigados, el de la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla. Esta regulación de empleo se realizó durante el Gobierno del expresidente José María Aznar, por eso pidió el plan a los populares. El PP mostró su sorpresa por que Alaya le reclamara la información a un partido y no a la Administración.
Ahora, la juez responde a las posibles dudas suscitadas y al escrito presentado por el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el dirigente popular Antonio Sanz: "Esta instructora, nunca, y menos a la altura de los procedimientos que tramita, ha confundido lo que es un partido político y la Administración General del Estado; el requerimiento efectuado a dicha representación no conllevaba una declaración de responsabilidad, sino que simplemente se interesaba su colaboración como parte acusadora y próxima por sus circunstancias temporales a la información requerida". La juez se excusa al afirmar que buscaba dar "agilidad" al procedimiento. Alaya, que dice no haber encontrado el referido plan sobre la Faja Pirítica publicado en el BOE, se lo reclama ahora al Ministerio de Industria.
Pieza separada contra uno de los abogados
El encontronazo entre la juez y el letrado de uno de los presuntos intrusos, el exfutbolista José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, se ha complicado. Alaya ha decidido abrir una pieza separada contra el abogado José María Calero, con el que ya ha tenido otros choques en el caso Lopera.
Alaya cita a declarar a Calero el próximo 15 de diciembre para "que formule las alegaciones que estime oportunas". La magistrada entiende que el letrado pudo incurrir en una posible falta disciplinaria durante el interrogatorio de su defendido el pasado 24 de noviembre. Según la versión ofrecida en su día por el letrado, la juez preguntó al exfutbolista por sus cuentas corrientes. Ante esa pregunta, Calero habría recomendado a su cliente por gestos que no declarara, actitud que le reprobó Alaya. En este último auto, fechado el 1 de diciembre, la juez no da su versión del incidente. Lo que sí hace es reclamar a la Junta de Andalucía, al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, a la empresa Cenforpre, a la Hacienda Foral de Navarra y al Consorcio de Compensación de Seguros información sobre el caso del exfutbolista. Además, pide al Juzgado de Instrucción 4 de Pamplona que le informe de cómo van las diligencias previas abiertas contra Gómez por un supuesto delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
