Fadesa accede a firmar otro contrato para legalizar su urbanización en Miño

A la tercera fue la vencida: el alcalde de Miño (A Coruña), Juan Maceiras (PP), logró al fin, tras dos convocatorias fallidas, que Martinsa-Fadesa firmase ayer un nuevo contrato de adjudicación de la inacabada macrourbanización Costa Miño Golf. El documento rubricado sustituye el anterior anulado por la justicia hace casi una década y pretende ser una fórmula para ejecutar la sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificada por el Supremo.

Pero el gobierno local, que se limitó a difundir unas fotografías para informar de la firma celebrada en el despacho del alcalde, mantiene bajo secreto ese contrato que tampoco pasó por el pleno. El ejecutivo tan solo sostiene que la nueva adjudicación y el pliego de condiciones, que sí fueron aprobados en pleno en septiembre con los votos de la mayoría absoluta del PP, así como el contrato firmado ayer son "los mismos" que los anulados en 2002 por los tribunales. Pero se niega a concretar cuáles son los nuevos plazos establecidos para finalizar un marcourbanización de 1.287 viviendas y un campo de golf. El Ayuntamiento solo informó de que Martinsa-Fadesa retomará "en los próximos días las obras".

El equipo de Maceiras tampoco aclara qué pasa con la reclamación de 70 millones de euros que la inmobiliaria pedía como indemnización para liquidar el contrato anulado. Más interrogantes pesan sobre una de las mayores urbanizaciones de chalés de Galicia. El alcalde, que dice contar con el asesoramiento de la Diputación para legalizar la urbanización, entiende que al firmar un nuevo contrato se ejecuta la sentencia, aunque el alto tribunal gallego será ahora el que deba decir si es así realmente. Para el único grupo de la oposición, el PSOE, la firma de un nuevo contrato es "una burla a la justicia".

Los tribunales también anularon las expropiaciones de un millón de metros cuadrados de solares sobre los que ahora se erigen más de un millar de chalés. Algunos están acabados, otra parte a medio hacer y otra sin empezar. Martinsa-Fadesa lleva tres meses rehuyendo la firma de un nuevo contrato, que al final sí rubricó ayer, porque entendía que le obligaría a asumir el pago inmediato de las indemnizaciones de unos 30 millones que los jueces reconocieron a los afectados.