El 70% de los empleados domésticos de Galicia carece de contrato

La última normativa en vigor sobre trabajadores del hogar data de 1985 y viene precedida por una ley franquista en la que aún se hablaba de "amos". Actualmente, en Galicia cotizan algo más de 20.000 personas a la Seguridad Social por este tipo de empleo, que solo obliga a asegurar al trabajador si el tiempo dedicado supera las 20 horas semanales. Un nuevo decreto que entra en vigor en enero de 2012, el primero en 26 años, forzará a las familias a contratar a todos los empleados domésticos, independientemente de las horas dedicadas y del número de viviendas atendidas, así como asegurar el salario mínimo, un descanso de 36 horas ininterrumpidas a la semana, 30 días de vacaciones al año y permisos de lactancia. Los empleadores que no tengan contratados a sus trabajadores antes del 18 de noviembre de este año tendrán un año de plazo para regularizar su situación.

En un sector en el que reina la economía sumergida, la nueva norma marca un antes y un después, porque la Asociación de Traballadoras do Fogar Xiara calcula que las personas que cotizan en Galicia, esas 20.000 afiliadas a la Seguridad Social, representan tan solo el 30% de las que actualmente prestan sus servicios en los domicilios. Cumplen tareas muy diversas, que van desde el cuidado de los niños o personas dependientes, a la limpieza de las casas, la preparación de la comida, la conducción de vehículos o labores de jardinería. No es raro que cobren 400 euros al mes, ni que estén sujetos a jornadas variables, que en muchas ocasiones requieren la pernoctación en el domicilio del empleador. Todo sin contrato más de la mitad de las veces, sin derecho a paro y con una figura única de despido, el desistimiento, para el que la normativa en vigor contempla una indemnización de siete días por año trabajado.

El nuevo decreto, "un importante paso hacia delante" en palabras de Teresa Rodríguez, portavoz de la asociación Xiara, no abre, sin embargo, la puerta a la prestación por desempleo ni a la cotización al Fondo de Garantía Social. Tampoco establece retribuciones en función de las tareas contratadas. "A la sociedad le está saliendo gratis el cuidado de niños y personas mayores. Lo normal en este sector parece que es no dar de alta a nadie", critica.

Solo el 2,3% de los que cotizan por realizar trabajos en el hogar son varones. "Algunos, sobre todo extranjeros en zonas rurales, se dan de alta para poder tener permiso de residencia. Y después hay gente, como los sacerdotes, que prefiere ser atendida por hombres", describe la portavoz de Xiara. Pero son las mujeres, mayoría en el precario mundo del empleo doméstico, las que más preocupan al colectivo de trabajadoras en el hogar. Xiara llama a Inspección de Trabajo a vigilar el cumplimiento del decreto y a las afectadas a hacer valer sus derechos. "En tiempos de crisis, hay quien dice que esta reforma no llega en el mejor momento, pero es muy necesaria", sentencia. Muchas de las empleadas extranjeras en situación regular se pagan a sí mismas las cuotas a la Seguridad Social, pero las sin papeles, augura Rodríguez, "seguirán condenadas a permanecer en la economía informal". Cada año la CIG registra más de 100 denuncias relacionadas con abusos cometidos hacia trabajadoras inmigrantes. "Y no son las familias de rentas altas las que mejores condiciones ofrecen, precisamente", acusa la sindicalista Laura Bugallo.