Caballero sigue adelante con la prórroga para Aqualia

El Ayuntamiento de Vigo dedicará 1,9 millones de euros que tenía presupuestados este año -para pagar el primer plazo de los terrenos de la depuradora-, en abonar una deuda municipal que no tiene nada que ver con la estación de saneamiento.

La semana pasada el alcalde, Abel Caballero, intentó condicionar este pago, generado a raíz de una sentencia por la permuta de unos terrenos hace ya veinte años, a una prórroga del contrato que tiene Aqualia para el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua potable. Esa prórroga, defendía el PSdeG, iba a reportar a las arcas municipales dinero para inversiones (10,3 millones de euros) además de hacer frente al fallo judicial, que todos los grupos municipales coinciden en calificar de "inaplazable". Para ello convocó un pleno extraordinario el miércoles que la oposición tumbó.

Ayer, en su segundo intento, el BNG obligó al Gobierno municipal a eliminar "toda alusión a la prórroga de la adjudicación a Aqualia", en el expediente que llegará al juzgado para abonar la deuda. Con los votos del PP en contra, sólo fue aprobada una modificación de crédito para cumplir con el trámite. "No vamos a blindar el contrato con Aqualia", rechazó la concejala nacionalista Iolanda Veloso. Fuentes socialistas explicaban posteriormente que el acuerdo con Aqualia, aunque no ha pasado por el pleno municipal, está aprobado en junta de gobierno y se mantendrá.

Protestas

La de ayer fue una prueba más de que las relaciones entre BNG y los socialistas, rotas para tareas de gobierno, se complican en Vigo incluso a la hora de afrontar pactos puntuales. Santiago Domínguez, portavoz nacionalista, arrancó la sesión con una "enérgica protesta", por lo que consideró como "un ataque frontal a la democracia participativa": que el alcalde negase el turno de intervención a tres colectivos (el sindicato CIG, una asociación de vecinos y otra de jubilados), después de que la junta de portavoces acordase por mayoría (con los votos del PP) que sí podrían participar. Caballero argumentó que un informe "oral" del secretario municipal lo desaconsejaba. Después vino otra bronca: Domínguez recriminó al alcalde por no apoyar económicamente a la Federación de Asociaciones de Vecinos. El PSdeG aseguró que la entidad hace "campaña electoral" en favor del bloque.