Pérez Fenoll y Amor inician los contactos para la moción de Benidorm

Apenas 10 minutos duró ayer la reunión entre Manuel Pérez Fenoll y Gema Amor en el mismo Ayuntamiento de Benidorm. Es el segundo encuentro entre ambos tras las elecciones de mayo, en las que el PSPV obtuvo la alcaldía, con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo, en junio para formar Gobierno y en esta ocasión para firmar una moción de censura que desaloje a los socialistas del poder. El alcalde, Agustín Navarro, dirige un Gobierno de 11 concejales, los mismos que tiene el PP, pero Amor dispone de tres ediles y del poder de decisión.

Tras la cita, Pérez Fenoll confirmó que "hay voluntad real por ambas partes de negociar para llegar a un acuerdo", aunque Amor se negó a hacer declaraciones para trasladar el encuentro al ámbito "de la misma negociación" y que no trascienda su contenido. Pero lanzó una advertencia al mostrar predisposición "a hablar con todos" tras haber recibido la oferta de los socialistas para alcanzar un pacto de Gobierno. Pérez Fenoll concretó que las negociaciones continuarán en los próximos días, pero no adelantó la fecha de los futuros encuentros ni si los seguirán protagonizando los líderes de ambos grupos municipales.

No adscritos

Ayer trascendieron dos sentencias del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante sobre sendas demandas presentadas por el PP tras la moción de censura. El juez dictaminó que los concejales socialistas debieron haber pasado a ser no adscritos tras abandonar el PSPV unas horas antes de firmar la moción y que el Grupo Municipal Socialista debió haberse disuelto.

Las resoluciones no tendrán efectos prácticos porque el periodo administrativo al que se refieren concluyó y porque el magistrado desestima la pretensión de los populares para que se estimaran las situaciones jurídicas individualizadas de los ediles. Los concejales socialistas no tendrán que devolver las cantidades percibidas de más por pasar de la oposición al Gobierno. Por otro lado, el juzgado de lo contencioso número 2 de Alicante elevó consulta al Tribunal Constitucional, admitida a trámite tras una demanda del Consell, para que sea el alto tribunal quien se pronuncie sobre si los ediles no adscritos pueden ver limitados sus derechos y pasar a configurar una categoría inferior al resto.