La fiscalía investiga los paros en el turno de oficio de Granada

La suspensión del turno de oficio y el paro de cuatro horas cada martes en el servicio de asistencia a detenidos, que en septiembre aprobó el Colegio de Abogados de Granada para exigir a la Junta el pago de sus minutas, ha llegado a la fiscalía. El ministerio público ha iniciado una investigación después de que el Gobierno andaluz, denunciara una posible "afectación de derechos fundamentales" de los detenidos que no contaron con abogado de pago durante la huelga.

El consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, aseguró ayer que la administración autonómica está "al día" en los abonos a los letrados. También afirmó que Andalucía es la única comunidad en España que no debe dinero por esos servicios. Sin embargo, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, lo niega y cifra en dos millones de euros la cuantía pendiente.

La Junta sostiene que ya está "al día" en el abono de las minutas

Desde que se inició la huelga, el Colegio estima que se habrán producido retrasos de dos meses como máximo en unos mil asuntos ordinarios, pero niega que se hayan suspendido juicios. Los abogados sostienen que su protesta no está vulnerando derecho alguno. "La ley concede ocho horas para asistir al detenido, solo lo suspendemos un día a la semana durante cuatro", insiste el decano, que asegura estar "tranquilo" ante la investigación de la fiscalía.

La Junta de Andalucía decidió poner los hechos en conocimiento del ministerio público después de que los juzgados de Granada informaran de diez casos en los que otros tantos imputados no recibieron asistencia jurídica gratuita. El representante de los letrados granadinos entregó ayer mismo al fiscal un informe para dar cuenta de las incidencias.

Torres aseguró que la huelga no está afectando a los asuntos urgentes, es decir "extranjería, violencia de género, menores o causas con preso". El decano de los abogados se mostró molesto por el trato "desigual" que, en su opinión, hay entre el paro parcial de los letrados de oficio y las que en 2008 protagonizaron jueces y funcionarios de justicia.

La huelga se inició el 16 de septiembre y su fin está previsto el próximo 10 de diciembre. Los abogados granadinos actuaron sin la complacencia del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que se considera el único interlocutor válido en esta materia con la Junta.

En los primeros días del conflicto, el Colegio respondía a los juzgados que hacían nuevos requerimientos por asuntos ordinarios que no serían atendidos hasta que la Junta estimara sus demandas. Ya no envían ese escrito y turnan los asuntos aunque, de momento, los letrados asignados no responden.

Menacho recriminó ayer al Colegio de Abogados de Granada que sea el único de Andalucía en mantener estas medidas de presión y le pidió "sensatez". El consejero también recordó que en 2011 se han consignado 44 millones de euros para sufragar los gastos del turno de oficio.