"Una sanción de la UE podría dejar a Álava en la absoluta insolvencia"

En su primer discurso sobre el estado de la provincia en el pleno de Santa Catalina, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, perfiló un negro panorama financiero a corto plazo, que podría verse seriamente agravado si la Comisión Europea termina sancionando al ente foral por no haber recuperado de manera satisfactoria las vacaciones fiscales concedidas a empresas en los 90 y declaradas ilegales por la justicia comunitaria. Aunque recordó que siguen a la espera de un fallo del Tribunal de Justicia de la UE que precise si la Diputación recuperó o no convenientemente los incentivos fiscales, recalcó que el territorio debe estar preparado para actuar tal y como dicte la sentencia de Luxemburgo en el menor tiempo posible "aunque nos parezca injusta".

Adelanta que reubicará a funcionarios para ganar "operatividad"

"La sanción, que ya está advertida, nos podría conducir a la absoluta insolvencia", alertó antes de pedir a la oposición "consenso" tanto en este ámbito como en el presupuestario. El PP gobierna en minoría y, aunque cuenta con el posible respaldo del PSE para sacar adelante las cuentas de 2012, necesita cuando menos que el PNV se abstenga.

"Muchas de nuestras mejores empresas están afectadas por la modificación repentina y judicial de la normativa fiscal, se les exigen los beneficios y los intereses de demora", añadió el diputado general, recordando la "indefensión" que sufren las compañías afectadas que se acogieron a los incentivos fiscales pensando que eran perfectamente legales. "Ninguna solución va a ser buena, se complicarán las cosas para nuestras empresas. Por eso todas las medidas que se apliquen necesitan consenso interno, como hasta ahora. Creo que debe mantenerse para encontrar soluciones viables y acordes con la UE", abundó en su intervención.

Sobre el proyecto presupuestario presentado, el diputado general aseguró que "es el mejor de los posibles" dada la difícil situación económica y recalcó que su estrategia pasa por "no asumir compromisos que no estén dentro del alcance" de la Diputación y apostar por "la austeridad y la prudencia en el gasto". También adelantó que prevé "reubicar" a un número de funcionarios aún por concretar para "maximizar la operatividad del plantilla" foral.

De Andrés incidió además en la difícil situación en la que se encuentra la financiación municipal. Recalcó que el mecanismo de compensación creado por el anterior gobierno foral, el Fondo de Estabilización para las Entidades Locales de Álava (Fepel), que garantizaba a los consistorios el 95% de la cuantías previstas dejaría de ser efectivo a partir de 2012 al llegar a su máximo establecido. Así las cosas, los consistorios deberían empezar a devolver el dinero sin poder esperar a la llegada de una buena racha en la recaudación que permita reequilibrar la balanza.

En materia de bienestar social, área que supone el 40% del presupuesto foral, recordó que el gasto público por habitante en Álava (516 euros) es muy superior al de Bizkaia (325) y Gipuzkoa (343) antes de abogar por ofrecer más servicios con los mismos recursos.

De Andrés reconoció que el PP no era "favorable" a algunos aspectos de la reforma tributaria consensuada entre Álava y Bizkaia (PNV), aunque recalcó que mantendrá el compromiso adquirido. También anunció para el próximo ejercicio una revisión profunda del marco tributario. Sobre la reforma del entramado institucional, dijo que su equipo no aprecia "conclusiones significativas" en el informe sobre duplicidades e ineficiencias del Gobierno vasco, que discrepa sobre algunas competencias y que está a la espera un informe foral.

Los grupos de la oposición, que hoy tendrán la palabra en el segundo asalto del pleno de política general, criticaron la falta de propuestas concretas del Ejecutivo encabezado por De Andrés.