Grecia empieza a encarcelar a los que engañan al fisco

Fakelaki significa sobrecito y es una lacra griega. Hace referencia a pequeños sobornos o sobrepagos que a veces se utilizan para conseguir algún servicio o agilizar un proceso, incluso en un hospital público, y ayuda a engrosar las cifras de todos los ingresos que escapan al fisco. El peso de la economía sumergida en Grecia, imposible de cifrar, se estima en el 30% del PIB. Otros cálculos son muchos más concretos: el grupo de trabajo europeo creado para ayudar al país a reformar su sector público cifró la semana pasada en 60.000 millones la evasión fiscal.

Al borde de la suspensión de pagos, con una población sometida a duros ajustes sociales, el Gobierno de Atenas ha abierto la caja de los truenos, ha multiplicado en control y los griegos, por primera vez, han visto a empresarios arrestados por la policía por evadir impuestos. La ley que prevé detenciones por deuda con las arcas públicas empezó a aplicarse a primeros de noviembre y en solo 10 días ha supuesto hasta seis arrestos, cuatro de ellos en 48 horas, según los datos facilitados a este periódico por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (SDOE, en sus siglas griegas), en colaboración con el fiscal Grigoris Peponis.

La prensa local empezó a difundir algunos nombres de empresarios de la construcción, del sector industrial e incluso estilistas por deuda de hasta varios millones. Las investigaciones continúan y habrá más detenciones.

Un punto de inflexión en la batalla griega contra el fraude fiscal es que, por primera vez en Grecia, se pueden echar un vistazo a las cuentas bancarias y los resultados son clamorosos. Entre enero y septiembre de este año, el equipo de SDOE ha realizado 57.907 inspecciones en las que ha detectado 23.810 infractores, frente a las 16.534 del mismo periodo de 2010. Lo curioso es que este espectacular aumento de los delitos se ha descubierto con un 6% menos investigaciones. Se debe a la efectividad de los nuevos métodos y "a la apertura de las cuentas por parte de la Unidad de Delitos Económicos, un tabú para los hábitos griegos, sin la interferencia de ninguna otra autoridad institucional", remarca a este periódico Ioannis Diotis, secretario especial de la SDOE.

En algo más de un año, esta unidad ha presentado unas 4.000 solicitudes de apertura de cuentas bancarias en bancos griegos. Hasta el pasado día 13, un total de 108 casos se han completado y dado lugar a multas por valor de 150 millones que, sumados a los tributos e IVA impagados alcanzan los 200 millones.

Abogados o médicos también centran las investigaciones porque suelen mover esos fakelaki o pagos en dinero negro que dañan la economía griega. "Profesionales como los abogados y los doctores, especialmente, muestran gran evasión fiscal (ingresos ocultos), pero el SDOE lo descubre a través de la apertura de sus cuentas bancarias", añade Diotis.

Eso, en un país en el que los ciudadanos no dejan de ver crecer los impuestos. En la última ola de recortes, el mínimo exento del impuesto de la renta en Grecia ha quedado en 5.000 euros, por debajo del umbral de la pobreza, y se han creado nuevas tasas, como un impuesto inmobiliario (se paga una media de un euro por metro cuadrado) y otro solidario (supone del 1% al 5% del salario bruto), además de la subida del IVA ya aplicada en el primer paquete de ajustes.

Las investigaciones también tratan de seguir el rastro de los capitales que abandonan Grecia en busca de paraísos fiscales.

Horst Reichenbah, el jefe del grupo de trabajo europeo que ayuda a Grecia a reformar el sector público, dijo que de esos 60.000 millones que Atenas perdía por evasión fiscal, unos 8.000 se podían recuperar rápidamente.

El ministerio de Finanzas griego hizo sus propios cálculos el pasado octubre y acusó a 15.000 defraudadores de evadir 37.000 millones, lo que equivale al 10% de la deuda del país, que está tratando de amarrar su ya segundo rescate financiero. Las declaraciones del titular de Finanzas, Evangelos Venizelos, fueron muy ilustrativas. "Desafortunadamente, solo 25.000 griegos declaran ingresos por encima de 100.000 euros y apenas 160.000 reconocen ganar más de 50.000 euros", se lamentó. "La prioridad y obligación moral es cambiar esta situación".