Análisis:EL ACENTO
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Tierra de promisión

La Comunidad Valenciana es tierra de promisión. Y quienes bien conocen tan feliz circunstancia son sobre todo los aprovechados, fascinerosos y asaltantes de caminos, para quienes ha abierto tantas oportunidades la feraz administración del PP, generosa como pocas con trileros variados. Allí hemos visto pulular tipos de mano y bigote largos, pero de honradez corta. Emarsa era una sociedad pública, encargada de la depuración del agua de Valencia, liquidada el año pasado por el PP, partido que la controlaba desde los noventa. Su disolución dejó un agujero de 17 millones de euros.

La investigación judicial en marcha, con 16 imputados, ha destapado que la empresa fue saqueada por sus administradores con el viejo método de las facturas falsas, tanto por servicios nunca hechos como por inventarse obras que nunca se realizaron o reparaciones de una maquinaria que nunca existió. Y como era poco el dinero que así se distraía, hubo que aumentar el engaño.

Y ahí estaban esos directivos para utilizar -o permitir- que los fondos de la empresa, hay que repetir que pública, sufragara compras de joyas, bolsos de Loewe, prendas de vestir, cestos para bebés y otros muchos productos. Sin olvidar el pago de circuitos de spa para sus directivos o el pago de noches de hotel que incluía la retribución a prostitutas.

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Pero la gravedad del caso es aún mayor porque algunos de sus directivos siguen ejerciendo cargos políticos. El máximo responsable de Emarsa en la etapa investigada, Enrique Crespo, imputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios, sigue siendo vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP.

Es asombroso cómo compaginan los cargos del PP de la Comunidad Valenciana su función pública y la comparecencia a los juzgados. José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante desde 2004, ha tenido que presentar su dimisión por sus imputaciones en el llamado caso Brugal, donde deberá responder de las acusaciones por delitos de cohecho y otros en la adjudicación de una contrata de basura. Mientras, eso sí, es presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

Será como castigo.

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