El PP planea eliminar la regulación de inmigrantes por arraigo social o laboral

Los inmigrantes que lleven dos o tres años en España en situación ilegal y pretendan regular su situación acogiéndose al arraigo social o laboral por haber obtenido un empleo ya no podrán hacerlo. Solo en algunos casos "muy excepcionales, que se establecerán de acuerdo con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos", se mantendrá esta posibilidad. El portavoz del PP en temas de inmigración, Rafael Hernando, concretó ayer algunas de las medidas que tiene pensado aprobar su partido cuando se forme el nuevo Gobierno, mediante la reforma de los artículos 123 a 130 del Reglamento, en vigor desde el pasado junio, que desarrolla la Ley de Extranjería, de 2009. "El arraigo ha favorecido la inmigración ilegal y solo debería existir como sistema excepcional", afirma Hernando. "Hay que limitarlo para intentar desincentivar la inmigración irregular e incentivar la circular, el retorno con posibilidad de volver".

Las organizaciones de extranjeros avisan de que habrá más 'sin papeles'

Al arraigo social se accede básicamente tras permanecer irregular tres años en España y acreditar que se ha logrado un empleo por al menos un año, y al laboral, si se llevan dos años de forma ilegal y se demuestra que se lleva uno trabajando. Desde 2006, la cantidad de personas que han logrado la permanencia por arraigo social o laboral (aunque el segundo es muy minoritario) se fue incrementando de forma considerable (7.427, ese año; 30.231, en 2007; 66.200, en 2008, y 82.300, en 2009), hasta que empezó a hacer mella la crisis económica. El pasado año bajaron a 65.676 y este van, a 30 de junio, 70.684.

Como factores, a la crisis se une la reducción del número de personas irregulares que llegan a España debido, según los socialistas, a las medidas adoptadas por el Gobierno, "como la obligación de entrar con un contrato de trabajo, los acuerdos con los países de origen de inmigrantes y la bajada del número de llegadas en patera hasta alrededor de un centenar de personas al año", según resaltan fuentes del Ejecutivo.

En cambio, los populares, aunque reconocen la reducción de la irregularidad, consideran que "medidas como el arraigo, la regularización de 2005 o la reagrupación familiar han favorecido la llegada de ilegales", resalta Hernando. "No puede ser que se regule a 70.000 personas por arraigo cuando no hay empleo en el país", añade.

El PP se propone además crear "un nuevo visado temporal de búsqueda de empleo" con el que será imprescindible haber llegado al país para poder acceder posteriormente a la regularización. Hernando asegura que "al menos desde 2005, alrededor del 60% de los inmigrantes que se han regularizado entraron en España con un permiso turístico".

Algunas organizaciones pusieron ayer los primeros peros a los planes del PP. Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, pide que se "respete la normativa actual" y espera que "puedan más las corrientes progresistas dentro del PP". "Hay que pensar en las personas que están viviendo en España y no tienen documentos, y mantener los arraigos para ellos", apunta Paspuel.

El responsable económico de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Gilberto Torres Martínez, opina que esas medidas supondrían "una violación más de los derechos fundamentales de los inmigrantes". "En lugar de buscar la integración, empeoraría la situación de los inmigrantes y, si se quita el acceso a la estancia permanente por arraigo, aumentará la cantidad de personas en España sin documentos".