El PSOE exigió en 2004 pactar la política con la UE y paralizar el relevo de tropas en Irak

"El criterio que nos dio Aznar desde el primer minuto fue el de que no se aprobara nada ni se hiciera nada, sobre todo en política exterior, sin que lo supieran nuestros interlocutores del PSOE. Y así lo hicimos". La frase es de Javier Arenas, que recuerda así el mandato que le dio el entonces presidente del Gobierno, del PP, la misma noche de su derrota electoral del 14 de marzo de 2004.

José María Aznar habló con Javier Arenas, que era el vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia, y le encargó que contactara con Zapatero para organizar el traspaso de poderes. Quería que se hiciera rápido, era su obsesión. Una fórmula, explica Arenas, "que funcionó entonces de manera ejemplar, como estoy convencido de que ocurrirá ahora".

Las cifras que Solbes averiguó elevaron el déficit en unos 11.600 millones

Al día siguiente de las elecciones, Arenas llamó a Zapatero, y este designó a su número dos, Jesús Caldera, para representar al PSOE. Los trabajos comenzaron dos días después y, según recuerdan sus protagonistas, fue un intercambio "ejemplar" y "normal". "En un sistema democrático consolidado no es necesario poner sobre la mesa grandes secretos, porque no existen", explica Caldera.

La maquinaria de la Administración funciona como un reloj y, por eso, en los últimos días de gobierno, las secretarías de Estado preparan informes de sus áreas. Ocurrió en 2004 y ahora también. En estas carpetas -hace ocho años toda la información se imprimía en papel, ahora gran parte será grabada en pen drives- se documenta la situación de cada departamento: desde el número funcionarios hasta cuál es el estado de los asuntos urgentes.

Los asuntos delicados se tratan en otra reunión, al más alto nivel, entre el presidente saliente y su sucesor. Sucedió entonces entre Aznar y Zapatero y ocurrirá ahora con Zapatero y Rajoy.

El 17 de marzo de 2004 se celebró la primera reunión de traspaso de poderes, que duró hora y media y fijó un protocolo general de actuaciones. El equipo se completó, por parte del PP, con el secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, y, por parte del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba, que luego sucedió a Caldera como portavoz socialista en el Congreso, y con María Teresa Fernández de la Vega, poco después vicepresidenta del Gobierno.

A partir de ese primer contacto, rememora Arenas, "no se aprobó nada sin consultar al PSOE. Todos los asuntos que fueron al Consejo de Ministros se plasmaron en expedientes que eran entregados al interlocutor del PSOE en cada área". Como ejemplo, recuerda que esos días, en el Ministerio de Agricultura, había un expediente importante relacionado con la remolacha. "Y tuvimos que llamar al PSOE para localizar a su experto en remolacha", relata. También se acordó someter a consulta previa los nombramientos obligatorios hasta el relevo.

Arenas señala que un asunto especialmente relevante en las conversaciones de aquel traspaso fue la política exterior, sobre todo las relaciones con la Unión Europea. El PSOE reclamaba públicamente que el Gobierno debía consultarle la posición que iba a defender España en los foros internacionales. "Y si surgen discrepancias entre su postura y la nuestra, deberán asumir la del PSOE, que representa hoy la voluntad mayoritaria de los españoles", advertía Jesús Caldera.

Ahora, Caldera precisa que lo que preocupaba al PSOE era que el Gobierno en funciones no aprobara el relevo de las tropas de Irak, previsto para abril, con la disculpa de que legalmente podía hacerlo si lo consideraba un asunto de trámite. "El PSOE se reservaba esta cuestión porque era evidente la discrepancia sobre Irak", relata Caldera. "No hicieron nada y eso nos permitió luego retirar las tropas", agrega.

Otra cuestión que resultó polémica y ocupó buena parte de las conversaciones fue que el Ejecutivo no había computado en los Presupuestos varios gastos por una diferente interpretación sobre la asignación de las cuentas. Después, el ministro de Economía, Pedro Solbes, modificó la contabilidad y, al asumir esas partidas, elevó el déficit de 2004 al 1,81%. Cifró la cantidad no asumida por el Gobierno de Aznar en 11.600 millones (incluía la deuda de Renfe, de unos 5.000 millones; la de RTVE, de unos 600 millones, y la de un crédito ICO otorgado a Argentina, de casi 300 millones).