El fiscal jefe: "Los aforados tendrían que sopesar si les conviene serlo"
El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, compareció ayer en Las Cortes para exponer la memoria de la fiscalía y responder a las preguntas que les plantearon los grupos parlamentarios. Su intervención fue mucho más pacífica que la del año pasado, cuando el PP, a través del portavoz popular José Marí Olano, puso en duda su imparcialidad y sugirió perseguía con más severidad los casos en los que estaban implicados cargos de su partido.
El fiscal jefe abordó en el turno de preguntas, sin embargo, la situación de algunas de las grandes causas de corrupción. Cabedo afirmó, en ese contexto, que los aforados (miembros de Parlamentos o Gobiernos) "tendrían que empezar a considerar si les conviene" serlo, ya que cuando una persona es juzgada por los tribunales ordinarios dispone de más posibilidades de recursos.
Cabedo consideró que los medios con los que cuenta la fiscalía son suficientes ante las actuaciones normales en las que debe intervenir. Pero que ese número se queda corto "cuando de repente aparece esta invasión" de asuntos, en referencia a los habitualmente complejos casos de corrupción. En esos casos, afirmó, resulta necesario acudir a refuerzos temporales.
Brugal, lo más difícil
El ejemplo que mejor representa esa situación, señaló, es el caso Brugal, en el que está imputado el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, e implicados la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor, Luís Díaz Alperi. Castedo y Alperi son, además, diputados autonómicos. Brugal, dijo el fiscal superior, es el caso "más combativo", lo que ha exigido el envío de un fiscal de apoyo al titular de Anticorrupción en la provincia, Felipe Briones. Aunque sin mencionarlo, también dio a entender que se está haciendo lo posible para que la fiscal del caso Emarsa pueda dedicarse en exclusiva a investigar el saqueo de la sociedad pública.
El fiscal superior, que permanecerá en el cargo hasta su jubilación, prevista para dentro de dos años, adelantó que este año no llegarán a la comunidad autónoma los tres fiscales que había pedido para Vinaròs, Alcoi y Alicante, por falta de recursos económicos. Cabedo lamentó el estado de las instalaciones judiciales de Alicante, Gandia y Alcoi. Y destacó el trabajo de la fiscalía de protección de personas con discapacidad.
