La sobredosis de austeridad catalana

Con el plan anunciado ayer, la Generalitat lleva ya cuatro programas de austeridad para ahorrar 6.250 millones; cinco si se incluye también el plan de privatizaciones de 1.850 millones que el Ejecutivo catalán anunció en junio para calmar a los mercados. La dosis de austeridad superará, pues, los 8.000 millones en apenas cuatro años. Esa medicina se aplicó primero a la inversión pública, pero el Gobierno de CiU traspasó las líneas rojas del tripartito y extendió el tijeretazo a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la innovación.

- Los recortes en obra pública (2009). El entonces consejero de Economía, Antoni Castells, presentó en junio de 2009 un plan para reducir gastos en 900 millones de euros al constatar la caída de los ingresos de los primeros meses del año. El plan consistía en reducir 50 millones en gastos de personal dejando de cubrir vacantes, pero el grueso iba a reducir inversión en obra pública, dejando intactas las partidas para innovación, la renta mínima de inserción y la financiación de las universidades.

- Subidas de impuestos (2010). El segundo plan, que trataba de ahorrar 1.670 millones, coincidió con el que lanzó el Gobierno central y contemplaba una rebaja del 5% del salario de todos los empleados públicos. Pero el Ejecutivo de José Montilla puso énfasis en la subida del IRPF en el tramo autonómico para las rentas de más de 120.000 euros. La obra pública volvió a ser la gran perjudicada, con una postergación de inversiones por 532 millones.

- El gran recorte (2011). El déficit público catalán se disparó en 2010 hasta el 4,2% del PIB. El Gobierno de Artur Mas, recién llegado, decidió ejecutar un tijeretazo del 10% en los Presupuestos (2.680 millones), que volvía castigar a las políticas de infraestructuras, pero también llegaba a la sanidad, educación y protección social.

- La respuesta a los mercados. La agencia de calificación de riesgos Moody's advirtió de que Cataluña ponía en riesgo los objetivos fiscales del Estado. El Ejecutivo de CiU reunió enseguida a los principales inversores internacionales y, a través de una videoconferencia, les anunció un plan de privatizaciones para ingresar 1.850 millones de euros.