La UGR inicia el diálogo con los indignados

El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, y parte de su equipo se reunieron ayer con miembros del Movimiento 15-M para solicitarles que desalojen el edificio de la calle Duquesa que ocuparon el pasado sábado. La UGR inicia así un diálogo con los representantes de los indignados que quieren convertir en un "centro cívico abierto" para la ciudad el edificio ocupado, destinado a la biblioteca de la Facultad de Derecho.

Las obras para su adaptación no han comenzado, ya que el proyecto está en sus últimos trámites para la adjudicación, según fuentes de la UGR, que relataron ayer al colectivo lo "dilatado" del proceso administrativo después de la cesión del edificio. El 15-M no dice que no sea viable para ese uso, pero cree que dicho proyecto lo condena a "más años de abandono". El céntrico inmueble era antes sede de una delegación de la Junta, pero tras una permuta pasó a la institución académica, que tiene ya aprobado el proyecto para destinarlo a biblioteca.

Un portavoz del colectivo que propone adecuarlo como "espacio para todos" explicó ayer que "el edificio en cuestión está en estricto desuso" y justificó así su ocupación. "Hemos comenzado el proceso de adecuación de la planta baja y hay profesionales de todo tipo dispuestos a colaborar en su puesta a punto. Tenemos los medios y la voluntad", insistió.

Los encargados de la búsqueda y gestión de espacios públicos para el 15-M ya habían reivindicado a la universidad un lugar hace meses. El pasado viernes acudieron de nuevo al Rectorado solicitando una reunión con González Lodeiro para esta nueva petición. El rector estaba de viaje y se les ofreció la posibilidad de reunirse con un rector en funciones, según la institución, pero el colectivo se marchó y dejó un escrito.

Ayer leyeron un comunicado en el Rectorado para reivindicar el derecho legítimo que, según argumentan, tienen para contar con un espacio de trabajo. La universidad considera que han ocupado el edificio, pero está dispuesta a dialogar para no recurrir a la fuerza y recuperar el espacio que deben también restituir a su estado anterior, al que presentaba antes de la ocupación.

El movimiento, que mantiene en el edificio a varias personas por turnos con la intención de no dejarlo vacío, "pero en ningún caso para su uso como vivienda", aclaran, tiene previsto decidir el miércoles en una asamblea qué hacer. Destaca la "buena disposición" de ambas partes en el primer contacto e incide en que ocupan el edificio como "lugar de trabajo para el bien común". "Lo que es justo no puede ser ilegal", concluye el comunicado del 15-M.