El PSE quiere presidir la comisión de la Cámara sobre duplicidades

Los socialistas propondrán que la encabece Mikel Unzalu

El PSE quiere situar entre los ejes de su política para el resto de la legislatura el análisis del actual modelo institucional vasco como primer paso de una profunda reforma de la Administración para eliminar duplicidades e ineficiencias en un momento de máxima incertidumbre sobre el futuro del Estado del bienestar. Con las elecciones ya pasadas, el grupo parlamentario socialista registrará mañana una iniciativa para presidir la comisión de la Cámara que abordará una profunda reflexión sobre cómo "quitar la grasa sobrante", para "ganar músculo" ante los desafíos del siglo XXI y optimizar el gasto público en un momento delicado para las arcas públicas por la crisis.

El parlamentario Mikel Unzalu será el candidato del PSE a presidir la comisión, precisan fuentes socialistas, que confían en contar con el apoyo del PP para ello. Unzalu estaría acompañado por sus compañeras de partido Joana Madrigal y Natalia Rojo.

Los socialistas confían en el apoyo del PP para presidir la comisión

El informe encargado por el Gobierno a dos consultoras independientes cifra en 403 millones de euros las duplicidades en que incurre el entramado institucional vasco y realiza un análisis cualitativo de las ineficiencias del sistema.

Los socialistas también han solicitado información sobre por qué dos de las tres Diputaciones, gobernadas entonces por el PNV, se negaron a participar en el proceso de contraste de las conclusiones del informe. Gipuzkoa solo accedió a responder a un cuestionario sobre transportes, mientras que Bizkaia y Álava se escudaron en el proceso electoral del 22-M para no participar.

La Cámara aprobó el pasado 3 de noviembre constituir la comisión. El PNV, que pretendía abordar el debate lejos del ojo público, en una ponencia cerrada, y UPyD se abstuvieron. La propuesta de llevar el debate a la Cámara fue lanzada por el lehendakari, Patxi López, durante el pleno de política general de septiembre. Quiso preservarla del debate electoral situando su constitución después del 20-N.

"No podemos permitirnos que todos los niveles administrativos y múltiples agentes se dediquen a una misma tarea de manera descoordinada", recalcó hace semanas en la Cámara el secretario general del grupo socialista, Óscar Rodríguez. "Hay 250 agentes que se dedican a promover algo tan necesario para combatir la crisis como el emprendimiento. Y lo malo es que lo hacen dándose la espalda los unos a los otros", sostuvo. "Tenemos tres aeropuertos para 2,2 millones de personas que son promocionados por tres sociedades distintas. No nos lo podemos permitir. Si queremos tener un hueco en la carrera por ser de las regiones más prósperas y competitivas de la Europa de mañana, tenemos que empezar a tomar medidas ya", añadió.

El debate llega cuando el proyecto de ley Municipal ha sido recurrido a la Comisión Arbitral por las Diputaciones de Bizkaia y Álava. Los socialistas recalcan que ninguna ley, ni siquiera la de Territorios Históricos, que regula las relaciones entre las instituciones comunes y las forales, es "sagrada" y que el debate debe ser abordado "entre todos sin ningún prejuicio para redefinir el marco institucional hacia fuera, pero también hacia dentro".

Los peneuvistas centran sus críticas en los "errores de bulto" que, a su juicio, contenía el mencionado informe. El debate sobre la arquitectura institucional siempre ha generado tensión dentro de ese partido entre autonomistas y foralistas.

Un punto de partida

El informe, encargado por el Gobierno vasco a las consultoras Deloitte y Everis, fue realizado por mandato parlamentario y tras una recomendación en ese mismo sentido del consejo asesor del lehendakari. El texto analizó las duplicidades e ineficiencias de 13 políticas públicas en el Gobierno, las tres Diputaciones y nueve municipios, incluyendo las capitales.

Las duplicidades son los gastos en los que incurre una Administración sin tener competencias para ello. El informe cifra su coste en 403 millones de euros, equivalente al gasto en política social del Gobierno autónomo. Las ineficiencias, por su parte, son las actuaciones públicas en las que las instituciones se solapan sin alcanzar un nivel óptimo en la asignación de recursos. El 50% de las duplicidades constatadas por el informe corresponde a las Diputaciones, el 30% al Ejecutivo y el 20% restante, a los Ayuntamientos.

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