El caso de los ERE sobrevoló la campaña electoral

El caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos de la Junta de Andalucía ha sobrevolado durante la campaña electoral.

El cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, se metió sin quererlo en un jardín al contestar a una pregunta sobre la coincidencia de las actuaciones judiciales de la juez instructora, Mercedes Alaya, y la campaña electoral. Guerra dijo esto: "La impresión de la dosificación, la cronología, el calendario no es que la tenga yo es que es un dato objetivo. Parece además que hay una relación incluso fuerte, personal, entre la propia jueza y el actual alcalde de Sevilla [Juan Ignacio Zodio] porque eran compañeros y algún expediente en común parece que tuvieron y alguna cuestión curiosa dicen".

Estas palabras provocaron que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin que mediara una petición de amparo de la magistrada, arropase a Alaya y censurara a Guerra por sus declaraciones. El CGPJ, en una nota, opinó que las afirmaciones del candidato socialista "no resultan de recibo" al invadir la "espera personal mediante descalificaciones" y con "insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer" de la juez. Esta nota provocó irritación en muchos de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, porque Alaya no había pedido la intervención del consejo.

Un día después de las declaraciones de Guerra, la juez de los ERE dictó un auto, que dio a conocer tres días antes del cierre de la campaña electoral, en el que reclama información al Gobierno andaluz de la actuación del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando era consejero de Economía y Hacienda. La Junta presentó el viernes un recurso de reforma a este auto.