América Latina, muy atenta a la política del nuevo presidente hacia Cuba

La actitud que mantenga el Gobierno elegido el 20-N respecto al régimen de Castro y a las relaciones entre Cuba y la Unión Europea es, probablemente, el único capítulo potencialmente conflictivo entre España e importantes capitales latinoamericanas, como Brasilia, Caracas o Buenos Aires, que difieren mucho entre sí pero que coinciden en no querer meter prisa a Cuba para que introduzca cambios democráticos.

La mayoría de los actuales Gobiernos latinoamericanos, dado su carácter progresista, tienen una mayor afinidad con los socialistas españoles y con sus planteamientos con respecto al régimen de La Habana. Es conocido el rechazo que provocó en buena parte de América Latina la política del entonces presidente José María Aznar respecto a Cuba y el tema sigue preocupando en muchas capitales de la región. Aznar es un frecuente visitante en buena parte de esos países, donde pronuncia conferencias y mantiene discretas reuniones con medios políticos y empresariales.

La aversión al PP que manifestaron en su día los sucesivos Gobiernos Kirchner, por ejemplo, no implica un posible deterioro de las relaciones con un Ejecutivo presidido por Rajoy. Lo mismo sucedía con la derecha chilena y la llegada al poder del presidente Sebastián Piñera que no ha afectado a las buenas relaciones entre los dos países, en un momento especialmente dulce. Buenos Aires no soportaba al colombiano Álvaro Uribe, y ahora mantiene estupendas relaciones con su sucesor, Juan Manuel Santos.

Tampoco es previsible ningún cambio en las excelentes relaciones de Madrid y Brasilia, a todos los niveles. De hecho, el PSOE ha mantenido institucional e históricamente más contactos con el Partido de la Social Democracia Brasileña, de Fernando Henrique Cardoso, que con el Partido de los Trabajadores, de Lula o de Dilma Rousseff. Venezuela es un caso diferente, pero el país está muy ensimismado con la enfermedad de Hugo Chávez y con sus problemas internos, como para que un cambio político en España despierte preocupación.

La mayoría de los países latinoamericanos sigue con inquietud los acontecimientos en España, no tanto por sus repercusiones políticas como por las posibles consecuencias de la crisis económica en empresas españolas que realizaron entre 1990 y 2010 cuantiosas inversiones, hasta convertirse en el segundo país inversor directo en la región, solo por detrás de EE UU. España, que se propuso en un momento dado en América Latina como modelo de crecimiento, con los alabados Pactos de la Moncloa y su exitosa Transición, sufre ahora, sumida en la crisis y con una fortísima política de ajuste, una notable perdida de influencia política en todo el continente.

Por el contrario, para algunas de las principales empresas españolas sus operaciones latinoamericanas se han convertido en la parte esencial del negocio: el banco Santander tenía ya en 2010 más del 35% de su negocio en Brasil y el BBV, cerca del 50% en toda América Latina. La filial argentina de Repsol, YPF, aportaba casi el 40% de los beneficios y lo mismo le ocurre a Telefónica en el conjunto de la región. Las multinacionales españolas aseguran que lo único que desean es que el nuevo Gobierno español conozca bien los datos y los expedientes pendientes en América Latina e insisten, en general, en que su principal preocupación no es América Latina, sino la falta de crecimiento de la economía española y el papel del nuevo jefe del Gobierno dentro de la UE.

El nuevo Gabinete español tendrá que esforzarse para consolidar las Cumbres Iberoamericanas, reuniones de jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países de la región, impulsadas desde 1991 por España. En la última convocatoria, celebrada el pasado octubre en Asunción (Paraguay), excusaron su presencia la mitad de los mandatarios, un hecho que hizo sonar las alarmas en Madrid, aunque fuera cierto, como resalta la diplomacia española, que esos mismos jefes de Estado y de Gobierno tampoco asistieran a una posterior reunión de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), dos días después, en la misma capital. En cualquier caso, el nuevo Gobierno deberá emplearse a fondo para evitar que algo parecido ocurra en la próxima Cumbre, que organiza España y que tendrá lugar en 2012 en Cádiz, coincidiendo con el bicentenario de la Constitución de 1812.