La segunda glaciación

La cita con las urnas llega en una situación agónica de la economía española y en medio de la crisis más aguda que haya vivido la Unión Europea. A los cinco millones de parados se suma el tardío reconocimiento de que estamos en zona de crecimiento cero y con riesgo de caída, lo que el lenguaje de los mercados traduce en un 7% de interés para las obligaciones del Tesoro a diez años y un diferencial con el bono alemán que se aproxima a los 500 puntos. El catálogo completo que obligó a otros países a pedir el rescate.

La UE discute mientras tanto planes de emergencia que profundizan en los mecanismos de control del gasto en línea con la austeridad trazada sin concesiones por Alemania. Ya no basta con someter a visado previo el presupuesto, se plantea la figura de una especie de supercomisario con capacidad para controlar su ejecución. Este nuevo cometido exige modificar el Tratado de Lisboa, pero todo sacrificio es bienvenido ante el dios de la austeridad.

Aunque cada vez más voces piden estímulos al crecimiento, Alemania impone reducir el déficit

No así cuando se pone sobre la mesa una posible reforma del Tratado para que el Banco Central Europeo pueda incorporar misiones que trascienden su actual tarea de perro guardián de la inflación. Francia, que empieza también a padecer algunos rigores del mercado, propone asignar al BCE el cometido de velar por la salud general del euro, lo que le conduciría a convertirse en prestamista de último recurso, con capacidad para comprar deuda en el mercado primario. Ni más ni menos que el Banco de Inglaterra, que le permite al Reino Unido financiarse al 2% a pesar de que su déficit y su deuda sean mayores que los de España. Merkel se cierra en banda a esta posibilidad. Los alemanes se niegan a que su austeridad luterana sirva de aval para los epicúreos excesos mediterráneos.

Los Tratados se pueden reformar para establecer garantías adicionales al ajuste, pero no para introducir mecanismos que alivien la presión. Aunque cada vez más voces proclamen la necesidad de arbitrar estímulos al crecimiento, el mensaje de la primera potencia europea, cuando no la orden, sigue inalterable: la senda de la virtud discurre por la reducción programada del déficit, sin concesiones que conducirían a cometer los mismos pecados.

Malos tiempos para la moratoria de dos años que Rubalcaba propone y que algunos centros de análisis europeos comparten. Rajoy no tiene dudas en sumarse a la ortodoxia germana: compromiso total con el objetivo de reducir el déficit al 4,4% el próximo año. Como primera medida de Gobierno anticipa una Ley de Estabilidad que desarrolle la reforma constitucional que acordó con Zapatero sobre el techo de déficit. La norma condicionará el gasto de todas las Administraciones a sus ingresos efectivos, con sanciones para quienes la incumplan. Acto seguido, la reforma laboral y la reforma financiera. Y a confiar en que los incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas reviertan la curva del empleo.

En la recta final de campaña Rajoy ha pisado al fin el tercio en el que le citó Rubalcaba durante el debate televisivo: el de los recortes. Salvo las pensiones, todos los demás capítulos del gasto entran en fase de revisión y ajuste, sin descartar la congelación salarial de los funcionarios. Llegado a un punto en el que considera ya consolidada su victoria, ha optado por desvelar en parte algunas de las pócimas más amargas que se dispone a aplicar. No evitará seguramente con ello la contestación social que predice Dolores de Cospedal, pero podrá invocar en su defensa que no ocultó del todo la fase más dolorosa del tratamiento.

El 9 de mayo de 2010 Zapatero dio un brusco golpe de timón ante la presión de Europa y sobrevino a nuestro país la primera glaciación. El diferencial con el bono alemán estaba en torno a 200 puntos. De entonces a hoy todos los índices de nuestra economía han empeorado hasta niveles críticos. El mapa de isobaras anuncia ahora la llegada de una segunda glaciación que se extiende por todo el Mediterráneo.