Acuerdo contra los piratas del río

Casi en el último minuto de la legislatura el Gobierno central ha decidido ponerle freno a la pesca ilegal de la angula en el bajo Guadalquivir. El Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria de Sevilla y, por parte de la Junta, las consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente han firmado un protocolo en el que se contempla la "retirada, almacenamiento y custodia" de los barcos sin folio ni documentación que permanecen fondeados en el río y que emplean los furtivos para seguir capturando esta especie.

La pesca de angulas en Andalucía es ilegal desde hace un año. La Consejería de Medio Ambiente aprobó en noviembre de 2010 un decreto de recuperación de la anguila europea (Anguilla anguilla). La norma fija que, durante diez años, queda prohibida la pesca de esta especie "en cualquiera de sus fases de desarrollo, en las aguas marítimas interiores y continentales de Andalucía".

Tres furtivos serán juzgados la próxima semana en Cádiz por pescar esta especie

Sin embargo, la norma se estaba quedando en papel mojado debido a que en el río sigue fondeada una pequeña flota de embarcaciones, hasta una veintena contabilizó este periódico a la altura del término municipal de Lebrija (Sevilla). Esos barcos, aparentemente abandonados, son los que emplean los furtivos para seguir pescando ilegalmente.

Las Administraciones han discrepado durante meses sobre el organismo competente para retirar estos "artefactos flotantes". El protocolo firmado ahora intenta poner de acuerdo a todos. Será una comisión de seguimiento (formada por representantes de todos los departamentos afectados) la que decida en el plazo de un mes las medidas que se tienen que adoptar para "proceder a la retirada, almacenamiento y custodia de los artefactos flotantes". La Autoridad Portuaria de Sevilla tendrá que facilitar, "con carácter inmediato", el espacio necesario para el depósito de las embarcaciones que se retiren.

La eliminación de estos barcos no solo era una demanda de grupos conservacionistas e investigadores. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ordenó en junio de 2010 que, como medida cautelar contra la pesca ilegal, se desmantelaran las embarcaciones. Lo hizo tras solicitarlo el Seprona de la Guardia Civil, que en los últimos años ha cazado a algún furtivo. De hecho, la próxima semana (concretamente, el 22 y el 25 de noviembre) se celebran en el Juzgado de lo Penal 1 de Cádiz las vistas orales contra tres pescadores furtivos de angulas detenidos por la Guardia Civil. En uno de los casos el acusado estaba pescando en la zona de protección del parque de Doñana.

El impacto de la pesca ilegal de la angula, el alevín de la anguila, no es algo que solo afecte a esta especie, declarada en "peligro crítico" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También tiene repercusiones comerciales, según se reconoce en el protocolo firmado por las Administraciones: "La técnica habitualmente empleada es una red tipo mosquitera con una luz de malla de apenas un milímetro. Esto conlleva que, aparte de la angula, se capturen innumerables alevines de otras muchas especies del bajo Guadalquivir, zona de cría y engorde de 55 especies de peces. Se trata, por tanto, de una cuestión no solo de un elevado interés científico, sino también económico y social, al criarse en dicha zona la mayoría de las especies comerciales que después pasan a engrosar los caladeros explotados comercialmente en el Golfo de Cádiz".