Balones fuera

En un Estado políticamente descentralizado como el nuestro, que está, además, integrado en una organización supranacional como es la Unión Europea, se celebran cuatro tipos diferentes de consultas a lo largo de los cuatro años que duran las legislaturas en los distintos niveles internos de nuestra fórmula de gobierno o cinco en el caso de las elecciones europeas. A los efectos de lo que quiero decir, esto último es irrelevante.

Cada tipo de elección es distinto, ya que la voluntad general que se constituye en cada una de ellas mediante el ejercicio del derecho de sufragio tiene asignada una función diferente en el sistema político. Los distintos tipos de elecciones no son vasos comunicantes y, en consecuencia, no se pueden extraer consecuencias de los resultados de unas elecciones para proyectarlos después en los resultados que se produjeron en otras. Haber ganado unas elecciones municipales o autonómicas no debe conducir a que se considere que carece de legitimidad el Gobierno que se constituyó con base en la mayoría parlamentaria surgida de una elecciones generales, como ocurrió, por ejemplo, en 1994 y 1995, tras la celebración de las elecciones europeas y andaluzas en el primer año y las municipales y autonómicas en el segundo. La exigencia de disolución de las Cortes y convocatoria anticipada que se hizo entonces, no se ajustaba a lo constitucionalmente previsto.

Ahora bien, el hecho de que no sean vasos comunicantes, no quiere decir que sean compartimentos estancos. Jurídicamente no se pueden extraer conclusiones de los resultados de unas elecciones fuera del ámbito territorial propio de cada una de ellas, pero políticamente es imposible no hacerlo. Es obvio que el resultado de las pasadas elecciones autonómicas y municipales está gravitando sobre las elecciones generales del 20-N. Y es no menos obvio que el resultado de las elecciones del 20-N va a gravitar sobre los gobiernos municipales y, sobre todo, autonómicos que se constituyeron en mayo o antes en las comunidades del artículo 151 de la Constitución.

Las comunidades autónomas no existen jurídicamente para el 20-N. Sin embargo, es mucho lo que se juegan ese día. Y es algo sobre lo que los ciudadanos deberían reflexionar antes de emitir su voto. Repasen, si no, la entrevista a Mariano Rajoy publicada en EL PAÍS ayer jueves, en la que a la pregunta del director del periódico de si mantiene el compromiso que contrajo en el debate con el candidato socialista de que "no iba a tocar ni la educación ni la sanidad", el presidente del PP responde literalmente: "La educación y la sanidad son competencia de las comunidades autónomas" o a la pregunta sobre la ley de dependencia, a la que responde que: "Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda".

Dicho en pocas palabras: el presidente del Gobierno de la nación, en caso de ser elegido Mariano Rajoy, se desentiende de la educación y de la sanidad, porque son competencia de las comunidades autónomas y de la dependencia, que aunque es competencia estatal, son las comunidades autónomas las que gestionan la prestación.

Esta manera de echar balones fuera es un mal presagio de lo que se nos puede venir encima. El que la gestión de los servicios públicos esenciales del Estado del bienestar esté atribuida a las comunidades autónomas, no puede traducirse en que el Gobierno de la nación se desentienda de ellos.

Escurrir el bulto puede que sea una buena estrategia para no perder votos, cuando se espera conseguir la victoria, pero es un pésimo indicio de lo que puede ser la acción de gobierno. Y más todavía, en un momento como el actual, en el que los ciudadanos deben tener una razonable confianza en que los gobernantes no escurrirán el bulto sino que darán la cara.