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Infraestructuras estudia renunciar a la ejecución de la Autovía do Morrazo

La obra desaparece de los Presupuestos para 2012 - La mitad de su mesa de contratación está imputada en el 'caso Campeón' y la tramitación se ha estancado

La Xunta tiene dudas sobre la viabilidad económica de la única oferta que se ha presentado al concurso para desdoblar en autovía el Corredor do Morrazo. Así lo reconoce la propia Consellería de Infraestruturas, que no niega la posibilidad de que se llegue a declarar desierto el proceso, lo que dejaría sin fecha una obra licitada en la precampaña de las pasadas municipales ante la presión social por la elevada siniestralidad de la vía, con ocho fallecidos en 2010, la mayoría en choques frontales. Prevista como una concesión a través de la colaboración público-privada ante la astenia de las cuentas públicas, la obra cuesta 87 millones e incluye el mantenimiento de las carreteras autonómicas de la zona, conceptos por los que la Xunta pagaría 364 millones durante 25 años.

La consellería duda de la viabilidad económica de la única oferta

Además de las dudas que admite la Xunta, sobre el actual concurso pesan también notables retrasos, la desaparición de los Presupuestos para el año próximo de referencias al proyecto, una polémica composición de su mesa de contratación -la mitad de sus miembros están imputados por la justicia- y declaraciones del conselleiro, Agustín Hernández, garantizando la continuidad de las obras que ya están en marcha pero guardando silencio sobre las aún no iniciadas, como esta.

Las dudas económicas de la Xunta surgen porque al concurso público para construir la autovía solo se presentó una oferta, una unión temporal de empresas (UTE) formada por Isolux-Corsan, Francisco Gómez y CIA y Proyecon Galicia. El departamento de Hernández está "analizando con lupa" esa oferta para garantizar que, si le adjudica la obra, no va a paralizarla luego por falta de una financiación que debe obtener por su cuenta, lo que echó para atrás a otros competidores. "No queremos que pase como con la adjudicación de la Autovía da Costa da Morte del bipartito, en la que luego las empresas no tenían asegurada la financiación, pararon la obra y hubo que volver a licitarla", argumentan desde la Xunta, destacando la "voluntad política" de sacar adelante la actuación más allá del "hecho incuestionable de que solo se ha presentado una empresa". En todo caso, según admiten fuentes dentro y fuera de la Administración, si la decisión final resulta negativa se haría pública después del 20-N.

Pero las dudas tienen ya su reflejo en un notable retraso en el proceso de adjudicación de la obra, estancado desde principios de agosto en la fase de valoración de la candidatura. Como comparación, esa fase acumula en este concurso, al que solo se ha presentado una oferta, tres meses y medio, frente al mes y medio que duró en el concurso de 2010 para la Autovía da Costa da Morte, a la que se habían presentado dos ofertas. Más del doble de tiempo para valorar la mitad de ofertas pese a que la Xunta está recibiendo asesoramiento en este proceso de la misma consultoría externa que ya lo había hecho en el anterior, Eptisa, contratada también ahora a dedo por 68.000 euros por dos meses de trabajo.

Esa consultoría ayuda a la Xunta, pero la última palabra sobre la adjudicación o la declaración del concurso como desierto la tendrá la mesa de contratación, formada por altos cargos y funcionarios de la Administración. De sus seis miembros con derecho a voto, tres están imputados en el caso Campeón de supuesta corrupción en torno al empresario lucense Jorge Dorribo. Son la directora general de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y los subdirectores de Estradas, Mateo Maigler, y de Planificación, Antonio López, mantenidos en sus cargos pese a las críticas del PP cuando estaba en la oposición por que el bipartito dejase adjudicaciones en manos de imputados.

A esta situación hay que sumar la desaparición de cualquier referencia a la obra en el Presupuesto para 2012, tanto en el apartado que detalla las colaboraciones público-privadas como en los presupuestos ordinarios en los que se consignarían los trabajos de supervisión paralelos que acompañan a actuaciones de este tipo. Según se recoge en el texto, "hasta el año 2039 la Xunta tienen comprometidos a través de las colaboraciones público privadas 3.069,2 millones", detallando esos compromisos en un cuadro plurianual de pagos en el que no aparece un solo abono por la obra, indicándose además que "en el año 2012 no está previsto disponer más gasto a través de estas fórmulas". La consellería asegura que la desaparición del proyecto de los Presupuestos -en el texto de este año sí estaba- es porque el primer pago no se haría hasta 2014, cuando entrase en servicio la vía, de ahí que no pueda aportar como prueba de su continuidad más que una previsión de anotación contable futura para ese año.

El gafe de los viales autonómicos

El Corredor do Morrazo fue construido cuando Feijóo era conselleiro de Fraga e inaugurado en 2005. Supuso una revolución para la movilidad en la zona, pero sus dos carriles pronto se saturaron. Cuando la Xunta aún estaba redactando el proyecto para ampliarlo a cuatro carriles, la presión social por los accidentes mortales de 2010 hizo acelerar la tramitación para ponerla en servicio en 2013. Incluso en caso de que salga adelante el actual concurso, el plazo previsto es de 40 meses, lo que llevaría su puesta en servicio a mediados de 2015.

Esta adjudicación recuerda las polémicas tramitaciones de otras autovías autonómicas. El primer gran conflicto surgió por el desdoblamiento del Corredor do Barbanza, licitado por Feijóo como conselleiro en un proceso paralizado y reevaluado por el bipartito. El PP denunció el asunto en los tribunales y la imputación que pesó sobre cuatro cargos de la entonces conselleira socialista María José Caride no se archivó hasta justo pasadas las autonómicas de 2009.

A finales de 2006, coincidiendo con los trabajos para también desdoblar la Vía Rápida do Salnés, su calzada, construida en los años noventa con el popular Xosé Cuiña como conselleiro, se hundió en varios puntos. Aquí sí se abrió una investigación parlamentaria que un año después atribuyó los problemas a la mala elección de los materiales.

La tercera polémica surgió con la Autovía da Costa da Morte, adjudicada por el bipartito a una oferta que luego reclamó más dinero. En 2009, el PP anuló el contrato y lo licitó de nuevo, pero el PSOE lo acusó entonces de pretender adjudicarlo por 400 millones más que antes y a la oferta más cara de las presentadas. La polémica provocó el cese de la directora de Infraestruturas y la convocatoria de un tercer concurso más barato.

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